El proyecto de decreto para desplegar la ley catalana de salud bucodental ha encendido las alarmas entre el sector odontológico, que considera que el texto supone un paso atrás respecto al espíritu original de la norma aprobada en 2020. En un artículo de opinión publicado en el digital El Món, el secretario de la Agrupación de Dentistas de Cataluña (ADC), Xavier Marco, ha alertado que el desarrollo reglamentario podría desvirtuar una ley concebida para ampliar el acceso a la atención dental pública.
La Ley 12/2020 nació con el objetivo de extender los servicios bucodentales dentro del sistema público y reducir desigualdades sociales en salud. Sin embargo, según Marco, el nuevo decreto “deshace buena parte de aquella ambición” e introduce limitaciones que no estaban previstas en el texto legal.
El principal reproche es que el despliegue de la ley establece criterios restrictivos de acceso a los servicios, como por ejemplo condicionantes presupuestarios o de disponibilidad de recursos. En este sentido, la ADC ha presentado sus alegaciones porque considera que el proyecto de decreto vulnera el principio jurídico que impide que una norma inferior altere los contenidos esenciales de una ley que reconoce derechos subjetivos.
El secretario de la ADC ha advertido que con la nueva norma reguladora se modificarán prestaciones que se habían previsto en la ley, como la eliminación de tratamientos en dientes temporales afectados por caries o infecciones bacterianas. Otro punto controvertido es la posibilidad de externalizar servicios cuando el sistema público no pueda asumirlos. El decreto abre la puerta a subcontrataciones por “razones de eficiencia o equidad”, hecho que, según Marco, equivale a una privatización de la atención.
El problema, apunta, no es la falta de profesionales ni de necesidad asistencial, sino la gestión del sistema que no da la misma importancia a la salud bucodental, un ámbito con fuertes desigualdades sociales donde los tratamientos de cobertura pública son limitados y muy a menudo dependen de la capacidad económica de los pacientes.
