Metges de Catalunya (MC) ha compartido la preocupación expresada por las alcaldías del Pla d’Urgell ante el déficit de médicos y médicas de familia en los municipios de la comarca y ha defendido la necesidad de impulsar medidas específicas para garantizar una atención primaria adecuada en los territorios rurales y comarcales. El sindicato ha valorado muy positivamente la reunión mantenida con los representantes municipales y del Consejo Comarcal, un encuentro que considera que debería replicarse en otras zonas del país con problemáticas similares.
Durante la reunión, MC y las alcaldías coincidieron en el diagnóstico sobre la situación de la atención primaria en el territorio: falta de profesionales, dificultades de cobertura en los consultorios locales y sobrecarga asistencial. El sindicato ha remarcado que la realidad del Pla d’Urgell evidencia las desigualdades territoriales existentes en el acceso a los servicios sanitarios y reclama al CatSalut una respuesta específica, estable y urgente que permita dimensionar correctamente las plantillas médicas según las necesidades reales de cada comarca.
Metges de Catalunya también ha subrayado que el debate no puede limitarse únicamente a cubrir vacantes, sino que es necesario trabajar conjuntamente para hacer atractivo y estimulante el ejercicio de la medicina más allá de las grandes ciudades y capitales. En este sentido, el sindicato apuesta por explorar fórmulas que favorezcan el arraigo de los profesionales en los territorios rurales, con medidas vinculadas a la vivienda, la conciliación, la movilidad y la calidad de vida, así como incentivos profesionales que contribuyan a garantizar la continuidad asistencial.
El encuentro se enmarca en las diferentes iniciativas impulsadas durante los últimos meses por el Consejo Comarcal y las alcaldías del Pla d’Urgell para reclamar soluciones a la falta de profesionales sanitarios. MC considera que esta colaboración institucional y profesional es un paso necesario para afrontar un problema estructural que afecta a buena parte del territorio catalán y defiende que la cooperación entre administraciones locales, profesionales y responsables sanitarios es clave para asegurar la equidad territorial y el derecho a la salud de la ciudadanía.
