Metges de Catalunya (MC) y representantes de los colegios oficiales de farmacéuticos, psicólogos, odontólogos y físicos, y de las sociedades de farmacia clínica, física médica, de especialistas en psicología clínica y de psicólogos internos residentes, se han reunido este el miércoles para tratar uno de los aspectos más controvertidos de la negociación del nuevo convenio colectivo de la red concertada: la clasificación de los trabajadores en grupos profesionales. Una vez más, las patronales sanitarias han puesto de manifiesto su intención de dividir a los facultativos en dos grupos. Por un lado, médicos y médicas, y por otro, los farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, biólogos, físicos, químicos y bioquímicos que forman parte de los estudios sanitarios de grado superior.
El sindicato médico ha presentado a los representantes de los diferentes colectivos de facultativos un informe elaborado por Sixte Garganté, profesor de derecho del trabajo de la Universidad Pompeu Fabra, que concluye que no hay ninguna obligación derivada de la actual estructura de enseñanzas y titulaciones universitarias que comporte la necesidad de modificar el sistema de clasificación profesional del convenio colectivo, ya que la ley de ordenación de las profesiones sanitarias establece una equiparación legal de los nuevos grados universitarias y las anteriores licenciaturas. Asimismo, las titulaciones académicas anteriores al Plan Bolonia, a pesar ya hayan desaparecido de la oferta formativa, mantienen su vigencia académica y profesional.
De este modo, el experto señala que, teniendo en cuenta que ninguna ley obliga a adaptar o revisar la clasificación existente ni se trata de un contenido mínimo que forzosamente deba incluirse en el marco de regulación de las condiciones laborales, cualquier modificación de los grupos profesionales del convenio deberá ser fruto de un acuerdo entre las partes negociadoras.
Con todo, el autor del informe hace una advertencia a la parte social una vez analizada la propuesta de nuevo sistema de clasificación profesional de las patronales del sector sanitario concertado. Según su valoración técnica, la aplicación de esta pretendida reorganización de los grupos profesionales conllevaría una precarización laboral de los facultativos no médicos que fueran contratados después de la entrada en vigor del eventual convenio SISCAT. Sus condiciones profesionales y retributivas podrían ser diferentes y peores respecto a las de sus homólogos contratados antes de la implantación del nuevo pacto, por lo que se establecería una doble escala salarial para un mismo rol laboral.
Con el aval del informe elaborado por un experto jurídico independiente, MC reafirma su oposición a la propuesta de segregación de los facultativos en dos grupos profesionales diferentes. Un rechazo que, en la línea del frente común sindical, también han manifestado el resto de organizaciones (CCOO, UGT y SATSE) con representación en la mesa de negociación del convenio.
