Metges de Catalunya (MC) mantiene su postura de exigir a las patronales de la red sanitaria concertada, conocida como XHUP, un "convenio de garantías" que preserve los derechos adquiridos por los trabajadores y critica el "enroque" de los representantes empresariales que insisten en pedir "sacrificios y renuncias" a las plantillas sin ofrecer nada a cambio, tras la segunda reunión mantenida este jueves entre los sindicatos y las patronales en la reanudación de las negociaciones para un nuevo acuerdo laboral.
Ante la voluntad patronal de introducir los recortes decretados por el gobierno español para los trabajadores públicos en el nuevo convenio sectorial, MC defiende que estas medidas no son de aplicación al personal de la red sanitaria concertada, ya que las empresas de la XHUP, constituidas como fundaciones privadas, "en ningún caso" pueden aplicar la regulación destinada a la Función Pública.
El sindicato denuncia que las patronales Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) y Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) pretenden pactar una rebaja de las condiciones laborales, a partir de los decretos de austeridad del Estado, y neutralizar los logros judiciales conseguidos por MC, con el objetivo de establecer un convenio "a la baja".
En este sentido, la organización advierte que los puntos de la propuesta patronal sujetos a sentencias jurídicas, como la retribución de la atención continuada (guardia), "no son negociables".
Además, MC reivindica que la negociación de las tablas retributivas incluya "como mínimo" el IPC acumulado durante los cuatro años transcurridos desde la caducidad del convenio.
Por su parte, las patronales insisten en la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de jornada laboral, bajo la premisa de la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales (1.709 horas anuales) prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (disposición 71ª).
Sobre este punto, los agentes sociales han presentado una propuesta conjunta para aplicar una norma de la Administración de Justicia que sostiene que la jornada de 37,5 horas semanales equivale a 1.625 horas anuales, para todas las categorías profesionales y distinguiendo la jornada diurna de la nocturna.
Los sindicatos vinculan, sin embargo, la aplicación de esta jornada al mantenimiento de las plantillas actuales y a la disminución del porcentaje de la flexibilidad horaria.
Las partes se han emplazado a una próxima reunión a finales de septiembre para seguir con las conversaciones.
