Las presiones ejercidas desde la división de Funcionarios del Sindicat de Metges de Catalunya (SMC-CESM) han forzado al Departament de Sanitat a detener el proceso de amortización de plazas de médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD), hasta que el Parlament de Catalunya apruebe la Ley de Protección de la Salud. Asimismo, Administración y sindicatos han acordado crear un grupo de trabajo para solucionar el conflicto sobre la movilidad del APD (no se convoca un concurso de traslado desde hace mucho tiempo) y para encontrar una salida digna a la incertidumbre laboral que padece el interino APD. Por otra parte, representantes de la división de Funcionarios del SMC-CESM han iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos del Parlament para analizar la futura Ley de Protección de la Salud.