Metges de Catalunya (MC), Sindicato Médico Andaluz (SMA) y Sindicato Médico de Euskadi (SME) hacen un frente común ante el Ministerio de Sanidad para reclamar un nuevo grupo profesional para el personal facultativo. Las tres organizaciones, cuyas respectivas comunidades autónomas aglutinan al 50% de los facultativos del Estado, han solicitado de manera conjunta una reunión formal con la ministra Mónica García para abordar lo que, a su juicio, son dos asuntos cabales para el futuro de la atención médica de prestación pública.
Por un lado, los sindicatos quieren presionar al ministerio para que acelere la creación del grupo profesional A1+, en el que tendrían cabida los médicos y el resto de los facultativos, y cuya finalidad sería reconocer el nivel formativo y la responsabilidad profesional y jurídica que asumen dichos profesionales en el ejercicio de sus funciones. De la mano de este instrumento, subrayan las tres organizaciones, se debe producir una mejora de las condiciones laborales y retributivas del colectivo facultativo que sirva de acicate para la captación y retención del talento médico, en especial de las nuevas generaciones que deben dar relevo y garantizar la continuidad del sistema tal como lo conocemos.
Así mismo, aseguran que este reconocimiento debe blindar el papel específico de los facultativos en los puestos de dirección y gestión del sistema sanitario que reserva la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) como garantía de la preponderancia del conocimiento médico y de su código deontológico. En este sentido, remarcan que la iniciativa que abanderan es transversal e integradora, abierta a cuantos colectivos, sindicatos profesionales, organizaciones o sociedades científicas que compartan el mismo objetivo.
Por otro lado, los representantes sindicales de Catalunya, Andalucía y Euskadi quieren trasladar a la ministra García su preocupación por la delegación descontrolada y jurídicamente cuestionable de las competencias y funciones genuinamente médicas a otros profesionales del sistema, generalmente al personal de enfermería. La prescripción de medicamentos o la realización de determinados actos clínicos no encuentran sustento jurídico suficiente en los Reales Decretos que regulan tales actuaciones. Esta tendencia al alza en todos los sistemas sanitarios autonómicos, con la que se quiere paliar la evidente falta de médicos, pone en riesgo la calidad asistencial que se presta a los pacientes, así como la seguridad jurídica de los profesionales, tanto de medicina como de enfermería.
Los tres sindicatos esperan una respuesta positiva a su petición de reunión, dado el carácter dialogante y negociador de la actual titular de Sanidad, quien ha manifestado de manera reiterada su voluntad de contar con la participación de los profesionales en las decisiones estratégicas orientadas a la mejora del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es por ello por lo que, con la mayor brevedad posible, las organizaciones desean trasladar a García su voluntad de colaboración y sus ideas transformadoras para alcanzar los cambios que el SNS requiere para seguir siendo un referente mundial de servicio público.
