Metges de Catalunya (MC) estudia, junto con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), presentar un recurso contencioso administrativo institucional ante el Tribunal Supremo, contra el decreto del gobierno español que obliga a los facultativos de cupo y zona y de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) a estatutarizarse.
La impugnación del decreto, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros en el marco de la reforma sanitaria para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), se haría coordinadamente y de manera conjunta con el resto de sindicatos médicos confederados, sin descartar la posibilidad de instar al Defensor del Pueblo para interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Tanto MC como la CESM cuestionan la legalidad de la decisión tomada por el ejecutivo central de integrar "por decretazo" a los facultativos de cupo y zona en los diferentes servicios autonómicos de salud y de hacer desaparecer a los de APD que, en el caso de Catalunya, deberán elegir entre incorporarse, como personal estatutario, en el Institut Català de la Salut (ICS) o mantener su condición de funcionario, pero en un órgano administrativo no sanitario.
En este sentido, las dos organizaciones critican con dureza la actuación del gobierno español por modificar unilateralmente las condiciones laborales y retributivas de estos profesionales, sin informar ni negociar previamente con los agentes sociales, que han conocido los cambios a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, acusan a la Administración de poner "entre la espada y la pared" a los facultativos de APD para que renuncien a los derechos inherentes a la Función Pública, bajo la amenaza de apartarlos de las instituciones sanitarias, si optan por continuar como personal funcionario, en una actuación discriminatoria “sin precedentes” en el ordenamiento jurídico.
MC y CESM dudan de que todas estas medidas supongan un ahorro económico significativo para el sistema sanitario público, como asegura el gobierno español que cifra el ahorro en 7.000 millones de euros.
