El gabinete jurídico de Metges de Catalunya (MC) ha presentado una querella criminal contra la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell y contra su gerente por el despido de un delegado del sindicato el mismo día que se negó a firmar un pacto de recortes para los trabajadores del centro de salud leridano.
MC ha ofrecido apoyo legal a su delegado por entender que la decisión de la empresa responde a una "represalia" que vulnera el derecho constitucional a la libertad sindical. La querella también imputa a la institución un delito de coacciones en lo que se considera una "persecución" causada por la incorporación del facultativo al comité de empresa del hospital.
En el escrito de demanda, los abogados relatan los perjuicios laborales y profesionales sufridos por el delegado de MC desde que accedió al comité de empresa del hospital. Así, la primera medida de la gerencia consistió en aumentar la jornada de otro facultativo para que desempeñara tareas que hasta el momento había realizado el médico querellante para, a continuación, deponer a éste del cargo de Jefe de servicio de Salud Mental, funciones que asumía desde el año 2002.
La negociación de la adhesión del hospital de la Seu d’Urgell en el I Convenio colectivo de los centros sociosanitarios concertados de Catalunya ha sido la causa inmediata del despido según los letrados del sindicato. La oposición del representante de MC a la firma del pacto, que incluye los recortes que fueron rechazados por el 69% del personal de los centros concertados en la propuesta presentada por la autoridad laboral tras la pérdida de la ultraactividad del convenio de la XHUP, ha supuesto la extinción del contrato de trabajo de este médico. De hecho, la notificación del despido llegó el mismo día de la reunión en que se negociaba la vinculación al convenio sociosanitario, una vez se confirmó la negativa del delegado de MC a la firma del acuerdo.
La empresa justifica el despido por la concurrencia de causas económicas, productivas y organizativas. Sin embargo, el hospital no presenta ningún dato económico o productivo que apoye la decisión, mientras que la causa organizativa no tiene cabida, a criterio de los abogados, "cuando las ratios de psiquiatras del área no han variado respecto a los últimos años, al contrario, han aumentado ligeramente".
Para MC, los hechos son "profundamente graves y sobrepasan todos los límites legales y morales". El sindicato deja claro que mantendrá como una prioridad la defensa de sus delegados y que perseguirá "firmemente y en cualquier nivel o ámbito" las actuaciones de las empresas y las gerencias sanitarias que impidan o pongan obstáculos al "ejercicio pleno y libre del derecho de representación sindical".
