Metges de Catalunya (MC) se ha presentado como acusación particular en la denuncia que ha realizado la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ante la Fiscalía Provincial de Tarragona por presuntas irregularidades en la adjudicación de la gestión del Centro de Atención Primaria (CAP) Muralles en la sociedad Muralles Salut SLP, ya que considera que los facultativos de la empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), anterior gestora del centro, han resultado "directamente perjudicados" por esta concesión.
El sindicato argumenta que, desde el año 2013, el colectivo médico de GiPSS no percibe el complemento variable por objetivos (DPO) que está supeditado al equilibrio presupuestario de la empresa y lo atribuye a la disminución notable de los ingresos que ha sufrido la entidad –un 24% de su presupuesto–, al no presentarse a la licitación del CAP Muralles y perder su gestión. Por este motivo, MC reclama GiPSS que resarza económicamente a sus trabajadores, si finalmente la Fiscalía decreta que la adjudicación fue irregular.
Los hechos se remontan al año 2012, cuando el Servei Català de la Salut (CatSalut) abrió un concurso para gestionar el CAP Muralles, el cual había sido gestionado hasta entonces por GiPSS que decidió no presentarse. En ese momento, el gerente de la empresa pública tarraconense era Xavier Bria, médico de atención primaria que antes había dirigido el Equipo de Atención Primaria (EAP) del CAP Muralles durante casi siete años.
Finalmente, Muralles Salut SLP –sociedad limitada profesional creada por un grupo de empleados del CAP Muralles– se hace con la gestión del centro en abril de 2013. En agosto de ese mismo año, el Govern decide fusionar las gerencias de GiPSS y del Institut Català de la Salut (ICS) en la demarcación de Tarragona en una gerencia única y, al mismo tiempo, Bria es cesado de su cargo previa indemnización.
En septiembre de 2013, el ex gerente de GiPSS se reincorpora a su plaza de facultativo en el CAP Muralles y cinco meses más tarde, en febrero de 2014, Bria aparece en el registro mercantil como uno de los accionistas mayoritarios de la nueva sociedad gestora del centro.
Ahora, la Fiscalía investiga si esta relación de hechos es casual o si, por el contrario, detrás de estas operaciones podría haber un presunto delito de negociaciones prohibidas por empleados públicos y uso de información privilegiada, infracciones por las que Bria está imputado.
