Más de 150 médicos de atención primaria se han reunido este jueves en el Col·legi Oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), en una jornada organizada por la Fundació Metges de Metges de Catalunya (MC) con el objetivo de analizar el estado del primer nivel asistencial y sus principales retos de futuro transcurridas tres décadas desde la reforma aprobada por el Govern de la Generalitat en 1985.
Bajo el título "Simposio de Facultativos de Atención Primaria a 30 años de la reforma", el acto ha contado con 13 ponencias, impartidas por expertos y profesionales de prestigio, que se han dividido en cuatro bloques: reforma de la atención primaria, futuro del médico de cabecera y del resto del equipo asistencial, problemática deontológica cotidiana y propuestas de mejora.
La reforma de la atención primaria 30 años después
Los orígenes del modelo de atención primaria (AP) de Catalunya se remontan a principios de los años 80. Un grupo de médicos de familia se fijaron en los modelos de asistencia escandinavos, basados en la doctrina de la OMS, para desarrollar la red catalana de primer nivel. Un modelo que se ha implantado con éxito pero que los profesionales creen que ha caído en el "gerencialismo". La recuperación del liderazgo médico y la focalización en los resultados útiles para la mejora de la salud de los pacientes y no únicamente para el ahorro económico son la base para la recuperación de las riendas del sistema.
La infrafinanciación, la insatisfacción de los facultativos y la falta de previsión respecto a los cambios en el sector (relevo generacional, feminización, migración de profesionales y falta de vocación en la elección de la especialidad) determinan el futuro del primer nivel asistencial. Un futuro que no es suficientemente atractivo para los médicos jóvenes que optan por irse a otros países y que la Administración ayuda a enturbiar con drásticas reducciones de la plantilla médica y la desaparición de sustitutos que generan sobrecarga asistencial, insatisfacción laboral y deficiencias asistenciales.
El futuro papel del médico y del resto del equipo
La transferencia de competencias médicas a otros profesionales del equipo es una de las inquietudes principales de los facultativos de atención primaria. Los ponentes han recordado que la línea roja es la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y otros proveedores sanitarios incumplen sistemáticamente promoviendo la delegación de competencias de manera generalizada. En este sentido, la recomendación es no delegar ninguna función que no esté prevista, en contenido y forma, en esta norma y no hacerlo nunca por sistema.
Pediatras y odontólogos también han tenido su espacio en el Simposio. Los primeros han destacado las experiencias positivas obtenidas en los planes de pediatría territorial que han contado con la participación de los profesionales, como son los equipos del Alt Penedès, el Alto Pirineo y Centri de Atención Pediátrica Integral (CAPI) de Barcelona. El plan se ha demostrado satisfactorio para los pacientes y eficiente a nivel asistencial y es una referencia que se podría hacer extensiva por todo el Principado si se dota de una normativa que lo regule.
Por su parte, el ámbito odontológico de atención primaria presenta una clara insuficiencia de profesionales, ya que no se han incorporado "ni la mitad de dentistas que se habían proyectado en 1985" (1 por cada 11.000 habitantes). Además, la cobertura odontológica en la sanidad pública es muy reducida, tanto que sólo representa un 5% de la atención total que prestan los dentistas. Es decir, el 95% se ofrece en el ámbito privado.
Problemática deontológica cotidiana del médico de AP
Nuestra sociedad vive un "invierno demográfico". Los pacientes son cada vez más mayores y en su mayoría se encuentran atendidos por "cuidadores informales". La respuesta ante este nuevo escenario poblacional ha sido la definición de un modelo teórico de atención a la cronicidad, muy consistente sobre el papel, pero que no se adapta a la diversidad de casuísticas y necesidades que presentan los pacientes.
A nivel deontológico, los facultativos deben ser muy conscientes de que los datos sanitarios de los pacientes son "extremadamente sensibles" y por este motivo se encuentran especialmente protegidos por la ley. Los médicos están sujetos al secreto profesional con algunas excepciones, como la resolución de urgencias, el intercambio de datos entre centros de salud o la información que se facilita a las personas vinculadas familiar o socialmente con los enfermos. El tratamiento de estos datos requiere siempre el consentimiento expreso o la habilitación legal por parte de los pacientes.
Los incentivos económicos que se ofrecen a los profesionales también pueden plantear problemas deontológicos. La carrera profesional y el complemento variable por objetivos (DPO) son los principales instrumentos de incentivos que se encuentran en manos de los gestores. Este modelo de retribución "ha venido para quedarse", pero hay que tener en cuenta que "cuanto mayor es la exigencia hacia la consecución de objetivos, mayor influencia de la empresa sobre la conducta del médico". Los incentivos "lícitos" son los intrínsecos al valor de la salud y no sólo los orientados a satisfacer los valores instrumentales y económicos de las gerencias y direcciones.
Propuestas de mejora de las herramientas del médico de AP
El e-CAP es la herramienta informática de gestión integral de la historia clínica. Conceptualmente se trata de un buen instrumento, pero su desarrollo no se enfoca en la mejora del acto médico sino como una plataforma de registro de datos que quita tiempo asistencial a los médicos de cabecera. "El deber de las empresas es formar a los profesionales y ofrecerles tiempo suficiente para hacer un uso adecuado de estas herramientas".
Respecto a las soluciones de asistencia a distancia que posibilitan las nuevas tecnologías (telemedicina y visitas no presenciales), la reivindicación principal es que sean tratadas como un acto médico con tiempo específico asignado en la agenda y con todas las garantías de cumplimiento de la Ley de protección de datos.
