Metges de Catalunya (MC) agradece la respuesta inmediata de los responsables del Institut Català de la Salut (ICS) en Tarragona que han reconsiderado su decisión de suprimir, de lunes a viernes, el servicio de vigilancia del centro de atención primaria (CAP) de Constantí, con un alto índice de conflictividad. Desde primeros de junio, la empresa ha repuesto, como reclamaba el sindicato, el guardia de seguridad que hasta ahora solo estaba contratado durante los fines de semana.
Sin embargo, MC pide al ICS que extienda esta medida al resto de CAPs del territorio con un mayor número de situaciones conflictivas por agresiones físicas o verbales al personal sanitario y, al mismo tiempo, reclama que se revisen los protocolos de seguridad y se lleven a cabo simulacros en los centros, ya que la organización ha detectado un mal funcionamiento de estos planes de actuación y, en algunas ocasiones, una respuesta policial lenta ante la petición de socorro.
Asimismo, el sindicato considera imprescindible actuar sobre las deficiencias del sistema que son imputables a la empresa, a fin de reducir los factores desencadenantes de posibles agresiones, como las demoras y los colapsos permanentes en los servicios de urgencias. En este sentido, MC recuerda que un 12% de las agresiones denunciadas en el año 2014 en España se deben al excesivo tiempo de espera en la atención sanitaria, según el último informe de la Organización Médica Colegial (OMC).
El estudio también apunta a los problemas de prescripción: un 9% de las situaciones conflictivas en los centros se producen porque el facultativo no receta el medicamento propuesto por el paciente. Muchos de estos casos se podrían evitar, según el sindicato, si el ICS levantara la limitación temporal de la prescripción especialista que obliga a los pacientes a renovar estas recetas en las consultas de los médicos de familia, provocando una prescripción inducida que, a menudo, es fuente de conflictos.
Catalunya es la tercera comunidad con más denuncias (49) por agresiones al personal médico, por detrás de Andalucía (90) y Madrid (60). En 2014, se registraron en España un total de 344 agresiones, 10 menos que el año anterior y 149 menos que en 2011, en pleno aluvión de recortes.
El 87% de las situaciones de agresividad se produjeron en centros sanitarios públicos –la mayoría en la atención primaria– y solo un 13% en la sanidad privada. Aunque en un 82% de los casos el médico resultó lesionado y en un 88% tuvo que coger la baja laboral, solo un 66% de los facultativos agredidos presentó denuncia ante los tribunales.
