Metges de Catalunya (MC) avisa a la Generalitat de Catalunya que el Acuerdo de Govern 183/2013, que permite al personal médico que presta servicios en el sistema público de salud desarrollar una segunda actividad laboral, pública o privada, finaliza su periodo de vigencia el día 31 de diciembre de 2016. El sindicato insta al Ejecutivo catalán a reeditar los términos de este acuerdo para que ocupar un segundo puesto de trabajo en el ámbito de la medicina (asistencial o de investigación) sea declarado de interés público y cientos de facultativos no tengan que sufrir por su seguridad jurídica.
El actual acuerdo, aprobado el 23 de diciembre de 2013 y vigente hasta el último día del año, recoge el testimonio de dos acuerdos anteriores -del año 2007- que disponen la posibilidad de romper el principio general de la incompatibilidad de un segundo empleo en el sector público regulada por un cuerpo legal estatal y autonómico de los años ochenta. En la última década, el Govern de la Generalitat ha permitido a los profesionales médicos ejercer una segunda actividad, pero estableciendo límites en cuanto al tiempo de dedicación (67,5 horas semanales si las dos jornadas son públicas y 56,15 horas si el segundo empleo es privado), y fijando el principio de prioridad de la asistencia pública frente la privada para evitar el conflicto de intereses.
Además de estos requisitos, los médicos del sector público deben solicitar una autorización de compatibilidad al Departament de Salut para poder ejercer simultáneamente en dos lugares de trabajo. La petición de permiso no se aplica a los facultativos que trabajen en un centro del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) de titularidad privada, siempre que la segunda actividad no sea pública.
En caso de que el Govern no mantenga los criterios que permiten la compatibilidad de dos dedicaciones en el ámbito médico, los facultativos del sistema sanitario público que prestan servicios en una segunda empresa quedarán en una situación de incertidumbre provocada por este vacío legal. Aún más, esta situación podría conllevar la exposición a una sanción grave por parte de la Administración.
