La Agrupación de Dentistas de Cataluña (ADC), integrada en Metges de Catalunya (MC), reprocha al Departamento de Salud que el programa impulsado por la Oficina de Salud Bucodental para ofrecer atención a las personas mayores que viven en residencias relegue el papel de los odontólogos a una función de “consultores en línea”, dado que no prevé la actuación presencial de estos profesionales en las instituciones sociosanitarias, sino una prestación de servicios puramente telemática. A juicio de la organización, este procedimiento genera interrogantes relevantes sobre la calidad asistencial y sobre la distribución de responsabilidades y competencias entre los distintos profesionales que atenderán a los residentes.
La ADC recuerda que la extensión de la atención bucodental a las residencias es una reivindicación histórica del colectivo y una necesidad para una población especialmente vulnerable. Sin embargo, alerta de que la planificación del programa parece haberse adaptado a los recursos disponibles —el escaso número de odontólogos que trabaja en la sanidad pública— en lugar de tomar como punto de partida las necesidades clínicas de los pacientes.
En este sentido, la agrupación cuestiona especialmente que el odontólogo, único profesional con competencias diagnósticas y terapéuticas en el ámbito bucodental, pueda quedar relegado a una función de valoración virtual mientras otros profesionales asumen las actuaciones presenciales. Según la ADC, la teleodontología puede ser una herramienta complementaria para priorizar casos o realizar seguimiento, pero “no puede sustituir de manera sistemática la exploración clínica directa de pacientes con alta complejidad asistencial”.
La denuncia se enmarca en un contexto que la organización considera “muy preocupante” para la salud bucodental en el sistema sanitario público. En los últimos años, Metges de Catalunya y la ADC han advertido reiteradamente de que las políticas impulsadas por la Administración se han caracterizado más por el anuncio de programas que por una dotación suficiente de recursos. El presidente de la ADC, Xavier Marco, ya alertó en 2024 de que la salud bucodental continuaba utilizándose como “instrumento electoral”, con promesas que corrían el riesgo de incrementar aún más las listas de espera en lugar de mejorar el acceso efectivo de la población a la asistencia odontológica pública.
Asimismo, la agrupación denunció anteriormente que el despliegue de la ley de salud bucodental en Cataluña podía comportar un recorte de derechos para determinados colectivos en sustitución de un modelo universal y suficientemente dotado. Según la ADC, el nuevo programa en las residencias reproduce algunas de las mismas carencias: falta de transparencia, indefinición del papel de los odontólogos asistenciales y ausencia de información pública sobre los resultados de la prueba piloto que afirman que se ha llevado a cabo en algunas residencias.
Por este motivo, la organización exige explicaciones públicas a la Oficina de Salud Bucodental sobre los criterios científicos que justifican la medida adoptada (valoración virtual), la participación real de los odontólogos en el diseño del programa y los indicadores previstos para evaluar sus resultados. También reclama al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) que aclare cuál ha sido su papel en la elaboración del modelo y qué actuaciones ha llevado a cabo para garantizar una atención presencial adecuada.
La ADC defiende un modelo interdisciplinario en el que odontólogos, higienistas dentales, enfermeras y cuidadores trabajen de manera coordinada, pero respetando las competencias de cada profesional. En este sentido, sostiene que la salud bucodental de las personas mayores no se puede garantizar únicamente con programas de prevención y formación, sino asegurando el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención presencial cuando sea necesaria.
