La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el requerimiento de Metges de Catalunya (MC) y ha suspendido la aplicación del decreto de integración obligatoria del personal de cupo y zona del Institut Català de la Salut (ICS) que debía empezar a aplicarse el 1 de junio.
A principios del mes de abril, MC impugnó el decreto ante el TSJC, alegando que la integración del facultativo de cupo y zona en el sistema sanitario reformado es voluntaria y no obligatoria, según la Ley del Estatuto Marco. En este recurso, el sindicato también reclamaba la suspensión cautelar de la medida a la espera de la sentencia del tribunal.
La sala del TSJC ha aceptado esta solicitud ya que, por una parte, hay indicios suficientes sobre la viabilidad jurídica de la impugnación presentada por MC y, por otra, se pueden derivar "perjuicios de difícil reparación" para con los afectado debido a la aplicación del decreto, si finalmente el tribunal sentencia su nulidad.
Además, en un análisis provisional del decreto, el tribunal considera que la integración del personal de cupo y zona es voluntaria y señala que no puede compartir la interpretación que hace el Institut Català de la Salut del Estatuto Marco, cuando mantiene la obligatoriedad del proceso de integración.
Metges de Catalunya se muestra muy satisfecho por el auto judicial y considera que las tesis del tribunal abren las puertas a una posible declaración de nulidad del decreto que el TSJC podría resolver definitivamente en el plazo de dos o tres años. Sin embargo, el ICS ya ha anunciado que recurrirá contra la suspensión cautelar.
El sindicato recuerda que, independientemente de esta decisión judicial, los facultativos que reciban la notificación de integración obligatoria tendrán que presentar la reclamación oportuna. En este caso, conviene contactar con la Asesoría Jurídica de MC.
Oposición
Desde la defensa de la reforma del sistema sanitario catalán, MC ha sido el primer sindicato que se ha opuesto al proceso de integración obligatoria porque sostiene que es ilegal. El año pasado, el sindicato movilizó al colectivo y presentó al Institut Català de la Salut 700 firmas en contra del decreto que afecta a un total de 1.400 facultativos de cupo y zona, de los cuales 618 son de atención primaria y 804 son especialistas.
