Metges de Catalunya (MC) ha conseguido fijar garantías para que el futuro diseño de la sanidad catalana tenga una financiación pública “suficiente y sostenible”, en función del nivel de riqueza del país y "haciendo converger el nivel de gasto con el de los países con un producto interior bruto (PIB) per cápita y un sistema sanitario similar", tal y como recoge la última propuesta de acuerdos del documento de bases para el Pacto Nacional de la Salud.
La participación del sindicato en el seno de la comisión también ha contribuido a consolidar el sistema sanitario catalán como un Sistema Nacional de Salud que garantice el “acceso universal de la ciudadanía a los servicios sanitarios" y donde los impuestos progresivos sean "la principal fuente de recursos".
Según MC, este planteamiento va en sentido contrario al modelo preconizado por el gobierno central, ya que la nueva reforma sanitaria desarrollada en el Real Decreto 16/2012 vincula la asistencia sanitaria al régimen de la Seguridad Social y, en consecuencia, transforma un derecho de ciudadanía en un derecho asociado a la condición de asegurado.
Asimismo, la comisión ha acordado la posibilidad de complementar la financiación sanitaria con aportaciones reducidas de los usuarios, "como instrumento regulador". En este capítulo, se ha introducido, a petición del sindicato, que estas cargas –como por ejemplo el copago farmacéutico presente en el sistema desde sus inicios– no tengan, en ningún momento, una finalidad recaudatoria; no supongan una barrera de acceso a la asistencia; se ajusten al nivel de renta del usuario y no sobrepasen unas cantidades máximas anuales.
Otro de los aspectos donde ha incidido MC es en la exigencia de establecer mecanismos de evaluación, de control y de rendición de cuentas que fomenten la transparencia del Sistema Nacional de Salud, para dotarlo de instrumentos que dificulten el desarrollo de casos de corrupción como los que se han denunciado últimamente y para favorecer las prácticas honestas en la gestión de los recursos sanitarios públicos.
Previamente a la última reunión de la comisión del pasado 21 de febrero, que ha cerrado el debate tras 14 sesiones de trabajo, el sindicato ya había logrado frenar la inclusión de la reacreditación periódica de la competencia de los profesionales sanitarios, en el documento de bases del Pacto Nacional de la Salud.
A partir de ahora y una vez el coordinador de la comisión entregue el texto definitivo del documento a los representantes de los sindicatos, partidos políticos, instituciones científicas, corporaciones profesionales sanitarias, patronales, universidades, ayuntamientos, consejos comarcales y organizaciones de usuarios, cada entidad deberá analizar el acuerdo y decidir si lo suscribe tal como está, si lo hace con algún voto particular o si, por el contrario, no si adhiere.
