Metges de Catalunya (MC) denuncia la pasividad de la Administración y las empresas de salud ante el “aumento incontrolado” de los casos de agresiones a facultativos, después de que Catalunya haya registrado un total de 109 conductas violentas en centros sanitarios durante el año 2016, situándose en el primer lugar del ranking de comunidades autónomas con un mayor número de ataques contra el personal médico por delante de Andalucía (102) y Madrid (99), según los últimos datos recogidos por la Organización Médica Colegial (OMC).
Esta cifra supone un incremento del 148% respecto al año 2015, cuando se registraron 44 agresiones a médicos de la sanidad catalana. Para el secretario general de MC, Josep Maria Puig, tanto las empresas sanitarias como la propia Administración “tienen buena parte de responsabilidad en el aumento de esta chacra, ya que no han hecho lo suficiente para resolver la masificación del sistema y las demoras en la atención que a menudo desencadenan este tipo de agresividad”.
Asimismo, acusa a los responsables sanitarios de “no haber tomado las medidas disuasivas y preventivas suficientes para evitar las agresiones o minimizar sus consecuencias”. En este ámbito, Puig valora positivamente la reforma introducida el año 2015 en el Código Penal, según la cual las agresiones a los médicos que se hallan en el ejercicio de sus funciones se consideran atentados contra la autoridad pública y se penan entre uno y cuatro años de cárcel. No obstante, señala que el alcance de este artículo penal “debería ampliarse para proteger no solo a los profesionales que tienen la condición de funcionarios públicos, sino también al personal médico de la sanidad concertada y privada”.
A la vez, pide a las autoridades públicas y judiciales que “vayan más allá” en la interpretación y el desarrollo normativo del Código Penal y recojan las agresiones verbales y otras conductas de vejación o menosprecio que padecen los médicos, para que también sean perseguidas de oficio.
Finalmente, Puig requiere a la Administración un “compromiso firme” per erradicar este problema y un “esfuerzo” para facilitar al médico agredido el asesoramiento legal, la defensa jurídica, la asistencia sanitaria y psicológica necesaria, y la persecución de oficio del agresor.
Datos globales
Los datos de la OMC también evidencian un incremento del número de agresiones a médicos de todo el Estado español, al pasar de 361 en el año 2015 a 495 en el 2016, es decir, un 37% más. Las víctimas eran mayoritariamente mujeres –un 58% frente a un 42% de hombres–, pero varía en función de la tipología de agresión, ya que las amenazas y los insultos eran más frecuentes en médicas y las lesiones, en médicos.
Por sectores, el 87% de los ataques se produjeron en el sistema sanitario público y el 13% en la sanidad privada. La mayoría de los casos tuvieron lugar en el ámbito de la atención primaria (73%). Las causas principales de las agresiones fueron por discrepancias en la atención médica, demoras en la atención, no recetar lo propuesto por el paciente, discrepancias personales o informes discordantes con las exigencias del enfermo. Un 55% del personal médico agredido aseguró no haber recibido ni apoyo ni asesoramiento por parte de su empresa.
ICS
El Institut Català de la Salut (ICS) ha aceptado la propuesta que ha hecho MC en la Comisión plenaria de prevención de riesgos laborales, para que el protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia de la empresa otorgue a los directores de equipo de atención primaria (EAP) y a los jefes de servicio de hospital la facultad de "excluir, de forma inmediata y en un periodo transitorio o definitivo, el agresor como paciente asignado al trabajador agredido, si éste lo solicita" –actualmente esta competencia recae solo en las gerencias de ámbito, previa solicitud del profesional afectado.
El sindicato también ha solicitado que el mismo trabajador pueda solicitar la exclusión del agresor como paciente suyo, una opción no reconocida hoy día. El ICS ha admitido las dos propuestas de MC que ahora deberán ser validadas por los servicios jurídicos del ente, en el marco del proceso abierto para revisar y actualizar el protocolo contra las agresiones.
