Metges de Catalunya (MC) valorará la posible impugnación del decreto que ha aprobado hoy el Govern de la Generalitat para activar el procedimiento de acreditación profesional para el ejercicio de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería, al amparo del real decreto de prescripción enfermera de octubre de 2018. El sindicato recrimina a la Dirección General de Profesionales de la Salud (DGPS) que no haya tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por la organización y mantenga un sistema de acreditación que "no garantiza la seguridad clínica y ratifica la falta de rigor en la validación de los méritos".
Así, la DGPS permitirá que las enfermeras puedan empezar a prescribir fármacos -de momento no sujetos a receta médica- si avalan un año de experiencia profesional, un trámite que será prácticamente automático ya que serán las mismas empresas del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) las que, previa autorización de las interesadas, se encargarán de facilitar los datos necesarios al CatSalut para la obtención de la acreditación. Las profesionales que no dispongan de la experiencia necesaria deberán realizar un curso en línea, gratuito y de 5 horas duración, para conseguir la autorización. El decreto ofrecerá dos tipos de acreditaciones posibles sujetas al mismo sistema de obtención: una para enfermeras de cuidados generales y otra para enfermeras especialistas.
Salud no ha atendido la petición de MC para que los dos requisitos sean "sucesivos y acumulativos", de manera que se exija al personal de enfermería tanto la experiencia profesional mínima como la superación de un programa de formación específica. Además, el sindicato médico reclama que la acreditación no sea genérica, sino que se vincule al área de especialidad enfermera o al servicio asistencial, para que, en caso de que la profesional cambie de destino, sea necesaria una nueva acreditación "por seguridad y control".
En cuanto a la formación, la organización rechaza que sean las propias entidades de enfermería las que se encarguen de impartir los cursos acreditativos. "Por sentido común, no puede ser que el mismo colectivo de enfermería sea a la vez juez y parte. La formación la deben impartir profesionales con los conocimientos científicos y la práctica clínica suficiente en el ejercicio de la prescripción de medicamentos y productos sanitarios, supervisada también por las autoridades sanitarias", alega el sindicato.
