La subcontratación de entidades privadas para gestionar sistemas sanitarios públicos está relacionada con un aumento significativo de las tasas de mortalidad. Así lo indica un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Oxford publicado este mes de julio en la revista The Lancet Public Health. Según concluye, “muy probablemente” esto es consecuencia de un “empeoramiento de la calidad de la asistencia, una afirmación que no ha sorprendido a Metges de Catalunya (MC).
El informe analiza el impacto de la privatización de servicios en 173 áreas sanitarias del Reino Unido entre 2013 y 2020 y revela que las tasas de mortalidad tratable –es decir, pacientes que habrían sobrevivido en caso de haber recibido un diagnóstico precoz y una buena atención sanitaria– se estacaron y empezaron a subir el primer año estudiado, rompiendo la tendencia a la baja que se había mantenido durante la década anterior.
Los autores del estudio concluyen que un incremento anual de un punto porcentual en las externalizaciones al sector privado con ánimo de lucro se corresponde a un aumento de la mortalidad evitable del 0,38% o de 0,29 muertes por cada 100.000 habitantes el año siguiente. Concretamente, estiman que la privatización del sistema sanitario inglés promovida por el gobierno conservador de David Cameron a partir de 2012 está relacionada con “557 muertes evitables adicionales” en las áreas analizadas.
Una de las teorías que sostienen los investigadores sobre la existencia de este vínculo es que la reducción de gastos por parte de proveedores con ánimo de lucro implica disponer de más servicios, pero que acostumbran a ser de menos calidad. Por tanto, esta situación conduce a “una peor atención médica y peores resultados de salud” por parte de estas empresas, siendo “el único tipo de subcontratación asociado al aumento de la mortalidad”.
Por otro lado, advierten de la posibilidad de que se trate de un efecto indirecto, provocado por el hecho de que “la subcontratación incrementa la presión general sobre el sistema”. Según explica a El País José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud, “las empresas con ánimo de lucro se quedan con los servicios más rentables y los pacientes con menor riesgo y comorbilidad”. Esto produce un drenaje que deja los centros públicos con menos recursos y la responsabilidad de atender a los pacientes con más necesidades y peor pronóstico –a pesar de no disponer del personal ni los recursos suficientes–.
En cuanto a España, Sergio García Vicente, miembro de la junta directiva de la Asociación Economía y Salud (AES), lamenta las dificultades para realizar un análisis como este a causa del “sesgo de datos” que existe sobre derivaciones de pacientes de hospitales privatizados hacia centros públicos. Asimismo, destaca que hay que ir con cuidado a la hora de trasladar aquí los resultados del Reino Unido, ya que en España “el sector privado tiene un peso mucho mayor y está más integrado con el sistema público”.
Por su parte, MC recuerda que siempre ha defendido la gestión pública como “la mejor fórmula de prestación de un servicio básico y fundamental para la ciudadanía como lo es la sanidad”, advirtiendo que la contratación a terceros con ánimo de lucro es “una vía para transferir recursos públicos al sector privado”. Este es un pensamiento que comparte la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): “Los recursos económicos destinados a las privatizaciones debilitan la sanidad pública y favorecen otros intereses. Lo deseable sería reinvertirlos en el sistema para hacerlo más fuerte y eficaz”, sostiene su portavoz.
