Metges de Catalunya (MC) considera que los planes funcionales de colaboración conjunta acordados entre los tres proveedores sanitarios de la ciudad de Tarragona pueden perjudicar 'gravemente'" los intereses de las empresas públicas Institut Català de la Salut (ICS) y Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GiPSS) y beneficiar los de la entidad de titularidad privada Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, '"dado que el Departament de Salut ha actuado de manera poco transparente y no ajustada a derecho en este proceso, y sin contar con los profesionales'".
El sindicato critica el '"oscurantismo informativo'" con el que Salut ha empezado a poner en marcha la reorganización sanitaria de la capital tarraconense, con la reciente aprobación de los planes funcionales de Atención Continuada y Urgente, y de Atención Domiciliaria, así como de los planes de las unidades funcionales territoriales de Cirugía General; Obstetricia y Ginecología; Pediatría; Rehabilitación; Cirugía General y Aparato Digestivo, y Ortopedia y Traumatología.
Para la organización, ha habido una '"falta de transparencia total'" por parte de los responsables de Salut que han firmado el acuerdo '"a espaldas de los médicos –principales actores del proceso– y solo dando voz a los jefes de las unidades clínicas, la mayoría de los cuales tienen intereses personales o profesionales en la reordenación sanitaria de Tarragona'".
Asimismo, MC advierte de que el '"prestamismo laboral'" previsto en los planes de colaboración es '"ilegal'", independientemente de si la movilidad de los facultativos entre las empresas es o no voluntaria y, por este motivo, asegura que denunciará esta práctica ante los tribunales, '"ya que el acuerdo entre los proveedores no tiene rango de ley'".
Por otra parte, el sindicato recrimina la actitud '"caciquil'" de las tres empresas sanitarias de la ciudad de Tarragona por haber nombrado '"a dedo'" a las personas encargadas de desarrollar estos planes territoriales de salud, '"impidiendo la promoción profesional de los trabajadores los centros implicados por medio de una oferta pública de empleo y contraviniendo así los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad'".
Con todo ello, MC vaticina que el peso de las decisiones sobre la gestión de los recursos sanitarios en la capital tarraconense recaerá en manos del único proveedor privado y, ante esta situación, insta a la Generalitat a '"tomar el control del órgano de gobierno de la nueva estructura de servicios integrados, y a adaptarlo a la normativa vigente en materia de consorcios participados por la Generalitat'", de tal modo que la Administración mantenga la representatividad mayoritaria y el resto de empresas participen en función de su aportación económica y de su número de trabajadores.
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