En los últimos años, la población de los países desarrollados se ha ido envejeciendo progresivamente y la previsión para Cataluña es que en 2040 los mayores de 65 años representen un 26,6% del total de la ciudadanía. Esta realidad implica no solo un incremento en el gasto sanitario, sino también la necesidad de un mayor número de médicos y médicas de familia adecuadamente formados para atender a una población cada vez más envejecida y con más problemas de salud, la mayoría de los cuales son crónicos. En este sentido, Metges de Catalunya (MC) recuerda que la atención sanitaria en las residencias de personas mayores depende también de la atención primaria.
Actualmente, de los 376 equipos de atención primaria (EAP) de Cataluña, 317 (el 84,31%) tienen al menos una residencia asignada. Una atención coordinada y una adecuada carga de trabajo del personal sanitario de las residencias podrían reducir los ingresos y traslados en el ámbito hospitalario y mejorar su calidad de vida, pero esta solo es una situación de unos pocos centros. Esto se constató durante la pandemia de la COVID-19, con la gran diferencia de mortalidad que hubo entre las residencias que estaban bien organizadas y dotadas de personal sanitario suficiente y las que no, evidenciando las carencias del sistema.
Tal como insiste la Organización Mundial de la Salud (OMS), los servicios de salud no pueden funcionar sin personal sanitario y advierte que el déficit de financiación en formación y capacitación de personal, así como la inadecuada dotación de personal sanitario de los equipos, nos llevan a un futuro de desigualdad con muchas dificultades para acceder a trabajadores cualificados.
Paralelamente, nos encontramos con un grave problema de disponibilidad de médicos de familia en el primer nivel asistencial, principalmente debido a la gran carga de trabajo que se sufre y a las malas condiciones laborales y retributivas, las cuales hacen la especialidad cada vez menos atractiva para las nuevas generaciones. De hecho, este ha sido el tercer año consecutivo que han quedado plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) sin cubrir, siendo Cataluña la comunidad autónoma con más vacantes.
Por otro lado, a finales del año pasado también se publicó el nuevo Plan de despliegue de la atención integrada social y sanitaria a las personas que viven en las residencias de personas mayores, en el cual se prevé que estos centros estén totalmente a cargo de la atención primaria y que los médicos y médicas que trabajan formen parte del EAP. La ratio prevista es de 300 residentes por profesional, es decir, que un solo facultativo deberá atender los problemas de salud de 300 personas con las características de edad avanzada, alto grado de dependencia, gran morbilidad, etc.
MC hace tiempo que alerta que la situación actual de falta de especialistas en medicina de familia en el primer nivel es “muy crítica”, así como lo es la sobrecarga asistencial que sufre el colectivo desde hace años y que no deja de empeorar. En este contexto, el sindicato denuncia que la ratio propuesta en este nuevo plan de atención en las residencias es “totalmente insuficiente e inasumible”, ya que no permite ofrecer una atención adecuada a los usuarios.
Según una orden publicada en 2005 en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), las personas grandes con un nivel medio o alto de dependencia han de recibir un mínimo de 10 horas anuales de atención directa de un médico o médica. Según la ratio prevista en el nuevo plan, cada uno debería dedicar 3.000 horas anuales para cumplirlo, lo cual es “insostenible”. Con la firma del III Acuerdo del ICS, la jornada del personal facultativo es de 1.642 horas anuales, de las cuales dos tercios –unas 1.094 horas– son de asistencia directa. Por lo tanto, la ratio máxima de residentes por profesional debería ser de 109 usuarios para poder garantizarles las 10 horas anuales.
Por este motivo, MC ha realizado una encuesta entre los profesionales facultativos de atención primaria para conocer el estado actual de la atención en las residencias de ancianos –resultados de la cual compartirá próximamente–, así como una nueva revisión de la carga asistencial recomendada, de la que ha extraído las siguientes conclusiones:
- La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) destaca una falta de legislación respecto al número de trabajadores sanitarios en las instituciones de curas de larga durada como son las residencias. Por este motivo, la SEGG hace un cálculo aproximado de esta necesidad y recomienda una ratio de un máximo de 150 residentes por médico o médica especialista en Geriatría, es decir, la mitad de la carga asistencial propuesta por el nuevo plan de atención en las residencias.
- Por su parte, la Unión Europea ha recomendado a los estados miembros que dediquen recursos y que trabajen en la línea de Nuevos Planes Nacionales de curas de larga duración que sean accesibles y de mayor calidad. Es evidente que la formación de los profesionales que trabajen y un número adecuado de usuarios por facultativo serán fundamentales para garantizar una buena calidad asistencial.
