MC califica de "indecente" la decisión de Salut de externalizar el rastreo de los casos de COVID-19

Metges de Catalunya (MC) exige al Departament de Salut que revierta la decisión "indecente" de externalizar a una filial de la empresa privada Ferrovial el seguimiento telefónico de los contactos de personas que han dado positivo de coronavirus y pide al Govern que invierta "hasta el último euro de su raquítico presupuesto sanitario" en el sistema de salud público.

El sindicato considera "insultante" que Salut contrate por valor de 17,6 millones de euros el rastreo de la COVID-19 a una empresa con ánimo de lucro y, por el contrario, solo destine 4,5 millones de euros a reforzar este verano los centros de atención primaria (CAP) de la costa y los equipos con una mayor presión de residencias geriátricas, "a pesar de la pérdida de más de 850 facultativos que arrastra el primer nivel asistencial por culpa de los recortes de los últimos 10 años".

Así, la organización reclama una rectificación "urgente" al ejecutivo catalán por "respeto a los profesionales del servicio básico asistencial que se están dejando la piel para atender con la máxima calidad a todos los pacientes, a pesar de las penurias crónicas del sistema" y también por "decoro político y social".

"La atención primaria –añade– es la red sanitaria con una mayor penetración geográfica y social, y, como tal, es la que está en mejores condiciones de poder detectar los nuevos casos de COVID-19 y realizar el seguimiento de los contactos, en estrecha colaboración con Salud Pública, siempre que se inyecten los recursos económicos y humanos suficientes".

Contratación
Según ha avanzado El Confidencial, el contrato para hacer el rastreo de los casos de COVID-19 ha sido adjudicado sin concurso por el Servei d’Emergències de Catalunya (SEM) a la empresa Ferrosal, filial de Ferrovial que también gestiona el teléfono de consultas sanitarias 061.

La resolución que aprueba la externalización de este servicio se ampara en los decretos ley aprobados por la Generalitat que autorizan, con el estado de alarma, "medidas urgentes de contratación pública" para hacer frente a la pandemia de coronavirus.