Metges de Catalunya (MC) celebra la decisión del Govern de llevar al Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el ejecutivo central el pasado mes de abril, que restringe la asistencia médica a los inmigrantes sin papeles.
Sin embargo, el sindicato considera que el anuncio de la Generalitat se ha retrasado en exceso y sospecha que se ha acabado haciendo en represalia al recurso presentado por el gobierno español contra el euro por receta catalán, que ha conllevado la suspensión cautelar de la aplicación de esta tasa.
MC insiste en afirmar que la medida del ejecutivo central de retirar la atención médica no urgente a los extranjeros que se encuentran en una situación irregular en el Estado es una "equivocación", ya que "destruye" el derecho fundamental a la salud que recoge la Constitución y "puede tener" repercusiones graves en el control epidemiológico de determinadas enfermedades.
El recurso del Govern no afectará, sin embargo, el polémico proceso de estatutarización obligatoria de los facultativos de cupo y zona y de Asistencia Pública Domiciliaria (APD), incluido en el decreto de salud español, dado que no vulnera el orden constitucional y estatutario de competencias, según dictaminó el Consell de Garanties Estatutàries.
Con este recurso de inconstitucionalidad, Catalunya se suma a los que ya han presentado el País Vasco, Andalucía, Navarra y Asturias contra el mismo decreto ley, con el que el gobierno español pretende ahorrar unos 500 millones de euros.
