Metges de Catalunya (MC) se muestra satisfecho con la decisión del gobierno de Madrid de dar marcha atrás en el proceso de externalización de la gestión sanitaria de seis de sus hospitales públicos (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo) y de 27 centros de atención primaria, y felicita a los profesionales de la salud y a los usuarios de esta comunidad, porque con sus movilizaciones han conseguido “ahogar” el plan de privatización del ejecutivo autonómico.
El sindicato insiste en rechazar cualquier intento de privatización de la sanidad pública, puesto que, según argumenta, "no hay ningún estudio objetivo que certifique que la entrada del ánimo de lucro mejore los resultados asistenciales y económicos del sistema".
La renuncia del gobierno madrileño se produce a raíz de la resolución dictada este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso y evitar así “perjuicios de imposible reparación", al considerar que la privatización “afectaría también al interés público y a la propia economía y a la hacienda pública de la comunidad".
La decisión del ejecutivo ha provocado, además, la dimisión del consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que ha capitaneado, desde un primer momento, el plan de externalización de la gestión sanitaria de los hospitales diseñado por la anterior presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. El actual portavoz de sanidad del PP en la Asamblea de Madrid y médico especialista de medicina interna y nefrología, Francisco Javier Rodríguez, ha tomado el relevo al frente de la consejería.
La Asociación de Médicos y Titulares Superiores (AMYTS), uno de los sindicatos médicos impulsores de la marea blanca contra la privatización sanitaria, ha afirmado en una carta dirigida a sus afiliados que la victoria es fruto de la “firmeza” y la “apuesta” que han demostrado las organizaciones profesionales médicas, “en el convencimiento de que la decisión de privatizar la gestión de estos hospitales no se hizo de forma correcta y, sobre todo, se basó en supuestos inciertos".
Cronología
A finales de octubre de 2012, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciaba un plan para sacar a concurso la gestión integral, tanto de la actividad asistencial como de los servicios generales no sanitarios, de seis hospitales públicos y de 27 centros de atención primaria, con el que preveía ahorrar un 25 % del coste sanitario generado por cada paciente.
El anuncio desencadenaba automáticamente el rechazo de los trabajadores sanitarios que convocaban múltiples paros en la sanidad pública. La protesta también llegaba a 118 equipos directivos de los 270 centros de atención primaria de Madrid que firmaban una carta de dimisión en bloque.
En diciembre de 2012, el gobierno autonómico aprobaba los presupuestos de 2013 y la ley de medidas fiscales que permitía la privatización de los centros sanitarios. Sindicatos y organizaciones profesionales convocaban una nueva tanda de movilizaciones y anunciaban que llevarían el proceso de privatización ante los tribunales.
La marea blanca traspasaba las fronteras de Madrid y, a principios de 2013, se extendía al resto del Estado, donde se hacían manifestaciones simultáneas en 15 ciudades. MC participaba en la protesta de Barcelona que reunía a 50.000 personas.
En agosto de 2013, el gobierno de Madrid adjudicaba la externalización de la gestión de los seis hospitales públicos a los grupos Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas, sin esperar a que los tribunales resolvieran los diferentes recursos judiciales que se habían presentado contra la privatización.
Un mes más tarde, el TSJM suspendía cautelarmente el proceso de externalización de la gestión sanitaria de los centros, hasta que la justicia no dictara sentencia. El tribunal, que no entraba a valorar el fondo de la cuestión, apuntaba irregularidades en el concurso de adjudicación y consideraba que la modificación del sistema de gestión de los hospitales era de unas dimensiones “tan extraordinarias", que haría casi imposible retornar a la situación inicial, si la justicia tumbaba finalmente el proceso.
El ejecutivo madrileño y las empresas ganadoras del concurso presentaban sus respectivos recursos que, ahora, el TSJM ha rechazado, ratificando la suspensión cautelar.
