La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Tarragona y los sindicatos Metges de Catalunya (MC), Sindicato de Enfermería SATSE y Confederació General del Treball (CGT) han comparecido este jueves ante los medios de comunicación para dar conocimiento de la denuncia interpuesta en la Fiscalía Provincial de Tarragona por presuntas irregularidades en la adjudicación de la gestión del centro de atención primaria (CAP) Muralles a la sociedad Muralles Salut SLP. Las cuatro organizaciones consideran que el proceso podría ser una "oscura maniobra" para favorecer los intereses personales de los administradores de entidades de salud de titularidad privada de la provincia.
De la información recopilada por la Guardia Civil durante la fase de instrucción se desprende, según las cuatro formaciones, que el uso de información privilegiada y el conflicto de intereses que se habría producido en la concesión del CAP Muralles también se podrían haber dado en otros casos de la sanidad tarraconense. Además, el grupo político y los sindicatos han denunciado que no se trata de un caso aislado sino "el resultado de un modelo sanitario basado en la confusión deliberada de los intereses públicos y privados".
Los hechos denunciados comienzan en octubre de 2012, cuando el Servei Català de la Salut (CatSalut) abrió un concurso para gestionar el CAP Muralles, el cual había sido gestionado hasta entonces por Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS). Según los denunciantes, las primeras sospechas surgen cuando la empresa pública decide no presentarse al concurso, mientras el gerente era Xavier Bria.
En febrero de 2013, la gestión del CAP Muralles adjudica a Muralles Salut SLP, entidad privada con ánimo de lucro. En agosto de ese mismo año, el Govern decide fusionar las gerencias de GiPSS y del Institut Català de la Salut (ICS) y Bria es cesado. En septiembre, el ex gerente de GiPSS se reincorpora a su plaza de facultativo en el CAP Muralles y es nombrado director médico del centro. En ese mismo momento, Bria ejecuta una opción de compra de acciones de Muralles Salut SLP que tenía reservada y tres meses más tarde se convierte en presidente de su Consejo de Administración y, finalmente, director del CAP Muralles.
Para la CUP, MC, CGT y SATSE, la marcha de Bria de la gerencia de GiPSS y su incorporación en el CAP Muralles y en la junta de accionistas de la nueva empresa gestora "no es casual". En este sentido, constatan que en agosto de 2012, cuando todavía era gerente de GiPSS, Bria firmó un acuerdo de opción de compra de participaciones de Muralles Salut SLP que, además, regulaba las condiciones de su entrada en la empresa, previendo su nombramiento como presidente del Consejo de Administración.
"Dos meses después, GiPSS no se presenta al concurso para seguir gestionando el centro y es Muralles Salut SLP quien se postula y acaba consiguiendo la concesión. Pedimos a la Fiscalía que investigue la operación y esclarezca si se han cometido irregularidades", afirman las organizaciones denunciantes.
Consecuencias para los trabajadores y amenaza de privatización
Durante la comparecencia, la CUP y los sindicatos han explicado que la pérdida de la gestión del CAP Muralles por parte de GiPSS ha supuesto un empeoramiento de las condiciones laborales y retributivas de su personal, ya que la empresa pública ha sufrido un recorte presupuestario del 24% como consecuencia de no contar con esta concesión (presupuesto 2012, 18,17 millones de euros; presupuesto 2014, 13,79 millones de euros).
La disminución de ingresos ha provocado que desde el año 2013 la plantilla de trabajadores haya dejado de percibir el complemento de objetivos (DPO) que se supedita al equilibrio presupuestario. El recorte, aseguran las organizaciones, también ha supuesto que GiPSS no pueda contratar personal para suplencias y sustituciones y que todas las inversiones (incluidas las de renovación de equipamientos y utillaje) estén paradas. "Una disminución tan severa del presupuesto es difícil que no afecte a la calidad de la asistencia que reciben los pacientes, ya sea en forma de saturación de los servicios o incremento de las listas de espera".
Por otra parte, el caso del CAP Muralles, "vuelve a encender las alertas sobre la voluntad de privatización de la sanidad pública de Tarragona" que se cierne sobre los planes funcionales del Departamento de Salud para la provincia, llamados 'Tarragona Salud Alianza Estratégica’.
Así, tanto los sindicatos como el partido político destacan que, además de la introducción del ánimo de lucro -Muralles Salud SLP es una empresa que reparte dividendos entre sus accionistas-, una vez adjudicada la gestión a la entidad privada se ha modificado el centro preferente para la derivación de pacientes a los especialistas, por lo que ahora se dirigen a la Xarxa Sanitaria Santa Tecla en vez de al Hospital Joan XXIII.
