Metges de Catalunya (MC) ha tenido conocimiento de que el Hospital Sociosanitari Francolí, centro perteneciente a la empresa Gestió i Prestació de Serveis de SaluT (GiPSS) de Tarragona, ha provisto a sus profesionales sanitarios con mascarillas no homologadas según el certificado europeo ( CE) que habían sido previamente validadas por el servicio de Prevención Riesgos Laborales del Departamento de Salud. Aunque la etiqueta del mismo producto especifica que no es apto para el uso médico y no constar en la mascarilla (tipo KN95) la referencia a la norma UNE EN 14683, que asegura el cumplimiento del estándar de calidad, la gerencia y el departamento de Recursos Humanos del centro hospitalario se han escudado en que el equipo de protección suministrado cuenta con el aval de Salud.
El sindicato médico ha podido comprobar la veracidad de este hecho. Con todo, la aprobación "incongruente" efectuada por el equipo de técnicos de prevención de Salud "no exime a la empresa de la obligatoriedad de suministrar equipos seguros, o bien de notificar la incidencia a los responsables de la validación". La denuncia efectuada por la representación de MC en el comité de empresa de GiPSS no ha sido bien recibida por parte de la dirección que, con displicencia, ha instado a MC a presentar una reclamación al Departamento de Salud.
Sin embargo, tras la queja de los representantes de los facultativos, desde este lunes la empresa ha retirado las mascarillas no homologadas y ha proporcionado a los profesionales equipos de protección buconasal que cuentan con el marcado europeo y, en consecuencia, cumplen la norma vigente.
MC ha calificado como "muy grave" el incumplimiento de una normativa básica de salud laboral relacionada con la COVID-19. El sindicato ha señalado que más del 20% de la plantilla de GIPP ha contraído el coronavirus y "no es aceptable que se siga subestimando la protección del personal de los centros de salud". Por este motivo, la organización ha avisado de que "vigilará de cerca" la calidad y la legalidad de los equipos de protección de GiPSS y de todas las empresas sanitarias, y no dudará a la hora de efectuar una eventual denuncia ante Inspección de Trabajo o los tribunales de justicia.
