El pasado 12 de junio, Metges de Catalunya (MC) dirigió una petición a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria, dependiendo del Departamento de Salud, solicitando información respecto a los centros del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT) concertados con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) que, además de la actividad pública, ofrecen servicios privados, ya sea por vía del pago directo o a través de compañías aseguradoras. Transcurrido más de un mes desde el registro de la petición, el sindicato no ha obtenido ningún tipo de respuesta y, por este motivo, ante el silencio de la Administración, ha elevado la consulta pidiendo amparo a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).
En el escrito, dirigido a la directora general de Ordenación y Regulación Sanitaria, Clara Pareja, la organización pide conocer las condiciones en las que las empresas sanitarias con actividad pública contratada por el CatSalut pueden ofrecer una doble vía asistencial (pública y privada). Asimismo, pregunta cómo se regula la actividad de los profesionales que prestan servicios en estos centros para que sea conforme a la legislación en materia de incompatibilidades y a la normativa de la Seguridad Social relativa a las cotizaciones de las horas extraordinarias.
El secretario general de MC, Xavier Lleonart, firmante de la petición, argumenta que la mezcla de actividad pública y privada —sin delimitar las condiciones en las que se presta una y otra— es cada vez más notoria en algunos centros. "Se desplaza actividad pública para prestar asistencia privada y eso genera iniquidades", afirma el responsable sindical. Asimismo, apunta que se podrían estar cometiendo “irregularidades contractuales” con los trabajadores de estas entidades, destinándoles a realizar servicios privados durante el horario laboral en el que deberían estar prestando asistencia sanitaria de cobertura pública.
Para MC es “inadmisible” que, ante los problemas de accesibilidad del sistema y las elevadas listas de espera causadas por la insuficiencia de personal y recursos, existan empresas, mayoritariamente financiadas con fondos públicos, que ofrezcan de forma “impúdica” alternativas de asistencia privada a los pacientes, haciendo uso, presuntamente, de las instalaciones, equipamientos y personal que prioritariamente deben destinarse a la actividad contratada por el CatSalut.
El sindicato permanece a la espera de que su petición prospere y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria, en el ejercicio de sus competencias, entregue la información para garantizar que el presupuesto de Salud “no sufre desviaciones orientadas al ánimo de lucro”.
