Metges de Catalunya (MC) se muestra "preocupado" por el futuro del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que esta semana ha pedido al Protectorado de Fundaciones del Departament de Justícia que intervenga el centro para garantizar su viabilidad. Ante esta coyuntura, el sindicato insta a la dirección a abrir vías de diálogo con los profesionales, para alcanzar un acuerdo que "salve el prestigio y la excelencia clínica de esta institución con seis siglos de existencia".
La organización considera que la infrafinanciación endémica del hospital, con un agujero económico de casi 50 millones de euros, así como la politización de su gestión "han abocado el centro al borde del precipicio". Esta situación "dramática", según MC, se ha agravado por las exigencias de austeridad presupuestaria que han incidido "abusivamente" en la plantilla, a base de recortes de sueldo (la extra de Navidad, el 5% de la nómina) y de derechos laborales (guardería, comedor).
Esto contrasta con las presuntas irregularidades cometidas por el anterior equipo directivo del Sant Pau que pagó sueldos inflados a ex altos cargos del centro para trabajos que supuestamente no hicieron.
Para MC, el conflicto del hospital pone en evidencia que las políticas de personal arbitrarias y la imposición de recortes pueden desencadenar la "judicialización" de las relaciones laborales "sin beneficiar a nadie", en referencia a la avalancha de demandas y querellas que se han presentado en el último año. Es por ello, que el sindicato pide al Govern y a los responsables del centro "voluntad" para entenderse con los profesionales sanitarios y alcanzar un acuerdo estable de viabilidad.
A partir de ahora, la gestión del hospital estará tutelada por Justícia que deberá avalar y fiscalizar cada decisión que tome el equipo directivo del centro, según informa La Vanguardia. La intervención será temporal, aunque todavía no hay fijada una fecha final.
MC cree que esta puede ser una buena oportunidad para hacer los cambios imprescindibles en la estructura del Sant Pau, si el interventor nombrado por la Generalitat no gestiona el hospital exclusivamente con criterios económicos, tal como ha explicado a RAC1 el presidente del sindicato, Albert Tomàs.
