Metges de Catalunya (MC) opina que el plan de reforma del sistema sanitario que pondrá en marcha el Departamento de Salud siguiendo las propuestas del Comité para la Evaluación, Innovación y Reforma Operativa del Sistema de Salud (CAIROS), “no concreta su materialización” y “genera más incógnitas que certezas”. El sindicato mayoritario del personal facultativo considera que la mayor parte de las medidas planteadas son "poco innovadoras" y "no atacan el núcleo del problema: la sobrecarga de los sanitarios". Para la organización, las soluciones abundan en la incorporación de perfiles y roles profesionales de carácter no asistencial, “mientras la realidad es que el 70% de los motivos de consulta en atención primaria los acaba resolviendo el personal médico y el número de médicos de familia sigue siendo inferior al que había en el año 2010”. El problema, según MC, es que Salud no quiere incrementar los recursos de la sanidad pública, sino “reorientar la prioridad del gasto para presentar mejores resultados de accesibilidad y listas de espera, sin tener en cuenta los posibles efectos sobre la calidad asistencial”.
Pese a compartir la necesidad de desburocratizar el acto médico, reduciendo las labores de perfil más administrativo, el sindicato cuestiona el amparo legal de algunas de las propuestas del comité CAIROS. Así, la introducción de la figura del asistente clínico o de la inteligencia artificial para transcribir las conversaciones con los pacientes, a juicio de MC, plantea dudas jurídicas dada la elevada protección que la ley otorga a los datos sanitarios, a su acceso y tratamiento. “No podemos tirarnos a la piscina ni situarnos en un escenario de alegalidad porque queremos ser más ágiles y eficientes. Las garantías legales y la seguridad jurídica deben prevalecer”, razona la organización.
Por último, MC no entiende que Salud presente un plan de reforma con la intención de empezar a implantarlo en el primer trimestre de 2025 sin detallar el coste de su despliegue. “Con los presupuestos prorrogados y a las puertas de abrir negociaciones para aprobar las cuentas de 2025, la consejería debería tener muy definidas sus necesidades y prioridades, que pasan por dotar económicamente las políticas sanitarias y las imprescindibles mejoras de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del sistema”. En este sentido, el sindicato recuerda que el principal problema de la sanidad pública catalana, según el consenso mayoritario, es la infrafinanciación. “El gasto debe corresponder al de un país con ocho millones de habitantes y una población cada vez más envejecida y demandante de recursos. La sobreexplotación del personal sanitario no tiene más recorrido”.
