Metges de Catalunya (MC) solicita al Institut Català de la Salut (ICS) que reconsidere su decisión de suprimir el servicio de vigilancia en algunos centros sanitarios, como consecuencia de las restricciones presupuestarias, y recupere la figura del guardia de seguridad en aquellos dispositivos asistenciales que registran más situaciones conflictivas por agresiones físicas o verbales al personal sanitario.
Este es el caso del Centro de Atención Primaria (CAP) de Constantí, donde hace unos días una facultativa recibió amenazas e intimidaciones por parte de un paciente. Se trata de un problema recurrente en este CAP, ya que atiende a una población con un elevado número de drogadictos y pacientes con trastornos de conducta, tal como denuncia la plantilla en un escrito al que ha tenido acceso el sindicato, dirigido al director de Atención Primaria y al gerente territorial del ICS en el Camp de Tarragona, Daniel Ferrer-Vidal y Pere Montserrat, respectivamente.
Se da la circunstancia de que el ICS redujo recientemente los servicios de seguridad en el CAP de Constantí, manteniéndolos solo los fines de semana. "Desde que no hay guardia de seguridad, se producen de manera recurrente episodios de violencia, insultos, intimidaciones y amenazas en el área de atención al usuario, en la sala de espera y en las consultas", explican los profesionales que alertan de que los protocolos y las medidas de seguridad pasiva que hay en el centro son "claramente insuficientes" para garantizar la seguridad de los trabajadores y la del resto de pacientes.
MC considera que la problemática que se vive en Constantí no es diferente a la de otras localidades e insta al ICS a tomarse en serio las amenazas a médicos y a otros profesionales de la salud, así como a reponer los guardias de seguridad en los equipamientos sanitarios con conflictividad manifiesta.
Para el sindicato, las 49 agresiones médicas denunciadas en Catalunya en 2014, según datos recogidos en el último informe de la Organización Médica Colegial (OMC), invitan a elaborar un plan de prevención para minimizar estos casos y a hacer una mayor difusión de los protocolos de actuación existentes ante situaciones de violencia.
Por otra parte, MC subraya que algunas de estas agresiones –un 9% se producen por no recetar el medicamento propuesto por el paciente– se podrían evitar si el ICS levantara la limitación temporal de la prescripción de los especialistas que obliga a los enfermos a renovar las recetas de estos profesionales en la consulta del médico de familia, provocando una prescripción inducida que, a menudo, es fuente de conflictos.
