MC reclama más recursos sanitarios para evitar las vulneraciones de derechos en salud mental

Metges de Catalunya (MC) pide al Departament de Salut que incremente los recursos destinados a la red sanitaria pública para evitar la vulneración de derechos de las personas con problemas de salud mental, debido, en gran medida, a la saturación del sistema. La escasez de plantilla, la falta de tiempo asistencial y las largas listas de espera para acceder a los dispositivos especializados son algunos de los motivos que explican las denuncias recogidas en el Informe sobre Derechos y Salud Mental en Catalunya 2022, elaborado por la federación Salut Mental Catalunya (SMC).

Según este estudio, una de cada dos vulneraciones detectadas el pasado año se produjo en el ámbito sanitario y la Administración pública fue el principal agente discriminador. Globalmente, el 70% de las personas que hicieron una denuncia fueron mujeres –un reflejo de quien desempeña el rol social de cuidadora– y el 52% de las personas que recibieron estas vulneraciones, ya sea en centros sanitarios o en otros entornos como la familia, el trabajo o la educación, también fueron mujeres, con una edad media de 38 años.

El informe subraya que la pandemia de la COVID-19 "ha agravado las situaciones de sufrimiento emocional y los problemas de salud mental de la ciudadanía", y que el colapso vivido durante estos últimos años "ha hecho aflorar las carencias del sistema de atención actual y los déficits existentes en el pasado”. Así, advierte que nos encontramos ante un modelo de atención "muy limitado y con muchas debilidades que hay que afrontar".

Para el responsable de proyectos de SMC y uno de los autores del estudio, Ivan Cano, si se quiere una atención que trabaje desde el vínculo y el respeto a los derechos de la persona con problemática de salud mental “necesitamos tiempo y dedicación, y esto ahora no se está dando porque, básicamente, los profesionales de la salud, así como los trabajadores sociales, nos dedicamos a apagar fuegos, puesto que la complejidad es muy elevada”.

Buena praxis
En declaraciones a MC, Cano señala que la falta de personal, la precariedad laboral y la inestabilidad contractual no ayudan a configurar un marco de trabajo propicio para la buena praxis. "Muchas de las personas con trastornos mentales no se sienten bien atendidas, porque creen que no se les escucha o no se les informa bien", explica, pero matiza que esta percepción no debe interpretarse como un ataque contra el profesional, "porque este está obligado a acompañar así". “Es un embate –añade– contra una institución o un sistema que articula este tipo de atención y, cada vez, más profesionales son conscientes de ello y también son críticos, dado que lo que están haciendo no encaja con sus valores y muchos marchan [a ejercer] a otros sitios”.

En este sentido, insiste en la importancia de que esta masa crítica se consolide para confrontar lo que está ocurriendo y poder atender mejor. “Por eso es necesario generar espacios dentro de las entidades sanitarias, para que los profesionales puedan canalizar los malestares y las contradicciones que les genera su praxis, y, así, seguir avanzando. Hay que cuidarnos y limpiarnos, pero estos espacios de curación no existen porque no hay recursos”, se queja.

Paralelamente, Cano también se muestra partidario de reorientar la atención a las personas con trastornos mentales y promover un modelo de recuperación horizontal que incorpore los derechos en salud mental y dé valor a los determinantes sociales de la salud. Con este objetivo, reclama reforzar los vínculos con la comunidad y activar espacios colectivos y sinergias entre el ámbito sociosanitario, asociaciones, entidades y profesionales. "Hay que generar esta conciencia colectiva y fomentar un cambio de paradigma", concluye.

No obstante, reitera que las ratios de profesionales especialistas en salud mental son muy bajas en comparación con los países del entorno europeo y recuerda que, en 2016, el informe “La situación actual en el ámbito de la salud mental: recortes y modelo” de la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya ya alertaba de un “déficit significativo” de personal.