Metges de Catalunya (MC) insiste en pedir al Govern que retire la tasa del euro por receta, después de que el Consejo de Estado haya considerado inconstitucional esta medida que entró en vigor el pasado 23 de junio, y recuerda que hace un año ya advirtió al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que el conocido como tique moderador podría vulnerar la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos del año 2006.
En este sentido, el sindicato fue la primera organización en señalar que la implantación del euro por receta, incluido en la hoja de ruta económica para 2012 que el propio Mas presentó a finales del año pasado, contravenía la normativa vigente, ya que las comunidades autónomas "no tienen competencia para imponer tasas sobre los precios de los fármacos" y, además, suponía un "agravio" para los enfermos crónicos.
Una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado, órgano consultivo del gobierno español, MC se reafirma en su posición contraria al euro por receta y mantiene que la tasa "rompe" el principio de igualdad territorial en el acceso a los medicamentos y "castiga" a los ciudadanos de Catalunya con un "doble peaje" sobre los fármacos: por un lado, el euro por receta y, por otro, el nuevo copago farmacéutico, aprobado por el ejecutivo central el pasado mes de abril, medidas a las que hay que sumar la retirada de la financiación pública de 417 medicamentos de consumo habitual.
Inconstitucional
El informe del Consejo de Estado apunta que el euro por receta podría ser inconstitucional y alega que corresponde al Estado fijar los precios de los medicamentos financiados públicamente, mientras que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente", en la fijación de estos precios.
El dictamen añade que el legislador estatal debe garantizar una "unidad mínima" en las condiciones de acceso a los productos farmacéuticos, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos, y debe evitar la introducción de "factores de desigualdad" en la protección básica de la salud.
Para el Consejo de Estado, el euro por receta que, de momento, solo se aplica en Catalunya –la Comunidad de Madrid también quiere instaurar esta tasa en enero de 2013– es una medida discriminatoria, que obliga a los ciudadanos de Catalunya a hacer un "desembolso mayor" respecto a otros territorios.
