Metges de Catalunya (MC) avala la propuesta lanzada por el conseller de Salut, Antoni Comín, de comprar el Hospital General de Catalunya (HGC) –centro privado con ánimo de lucro con el que el Servei Català de la Salut (CatSalut) mantiene un contrato de actividad que finaliza el próximo 31 de diciembre– para convertirlo en un equipamiento sanitario público, aunque reclama una "planificación minuciosa" con todos los actores implicados del territorio y garantías de estabilidad laboral y profesional para la plantilla médica.
El sindicato considera que con esta operación se daría respuesta a una demanda histórica de la comarca del Vallès Occidental, con una población de más de 900.000 habitantes, de disponer de un hospital público de referencia y, al mismo tiempo, el Govern se ahorraría la construcción de los dos nuevos hospitales previstos para esa zona, uno en Rubí y otro en Cerdanyola.
Sin embargo, el secretario general de MC, Josep Maria Puig, ha señalado que se trata de un asunto "complejo" que requiere de un análisis profundo y una negociación pausada con el propietario del HGC –actualmente Quirónsalud, si bien la multinacional alemana Fresenius se hará cargo del centro en los próximos meses– los trabajadores, los pacientes y los hospitales del entorno, la mayoría de los cuales son concertados.
En este sentido, Puig ha advertido en un artículo publicado en el blog Sindicat al dia que este proceso de publificación también podría tener consecuencias sobre la actividad sanitaria de Mútua de Terrassa, Hospital de Terrassa y Hospital de Sabadell, ya que el CatSalut podría reducir la actividad que tiene concertada con estos centros para traspasarla al nuevo HGC de titularidad pública, con el consiguiente efecto sobre las plantillas.
No obstante, el dirigente de MC se ha mostrado de acuerdo con "el camino y la idea política" del conseller Comín de recuperar la actividad pública que hacen los centros de titularidad privada con ánimo de lucro, como ocurrió este verano con la Clínica del Vallès, a quien el CatSalut no renovó el contrato-programa y derivó la asistencia sanitaria pública que realizaba a los hospitales de Sabadell y Terrassa.
"La actividad pública y concertada no se debe mezclar con la actividad privada con ánimo de lucro, porque siempre habrá un conflicto de intereses. Pueden coexistir, pero no convivir en un mismo centro", ha concluido.
