Tras el acuerdo para la firma del I Convenio Colectivo Autonómico de Catalunya del Sector de la Atención a las Personas Mayores (GERCA) en junio pasado, entre las patronales y los dos sindicatos de clase mayoritarios, vuelve a coger fuerza la posibilidad de que los facultativos de la red de atención primaria deban hacerse cargo de manera permanente –lo hicieron durante el pico de la pandemia de COVID-19– de la asistencia médica a las residencias para personas mayores, una opción que Metges de Catalunya (MC) ve inviable dada la escasez de personal.
El sindicato insiste en pedir a los responsables sanitarios que, antes de tomar esta decisión, dimensionen los recursos humanos y materiales necesarios para la prestación de este servicio, sin reducir las plantillas disponibles los equipos de atención primaria (EAP) ya bastante exiguas después de más de una década de recortes –solo en el Institut Català de la Salut (ICS) se han perdido más de 850 plazas de facultativo desde 2010–. En este sentido, reitera que la asistencia a la gente mayor que vive en las residencias, así como también en los centros de día, centros de noche y viviendas tuteladas, independientemente de los profesionales que la lleven a cabo, debe de ser de calidad y con las mismas garantías y características que la que se presta al resto de la población.
Por otra parte, MC se muestra sorprendido por la inclusión, entre las funciones encomendadas al colectivo médico, de la asistencia al personal destinado en los centros en los casos de necesidad y de urgencia; la programación y supervisión de los menús y dietas alimenticias de las personas usuarias, y la supervisión tanto del trabajo del personal sanitario como del estado sanitario de las dependencias, sin detallar las dotaciones de personal necesarias para llevar a cabo estas tareas, ni los planes formativos correspondientes.
Además, critica las tablas retributivas pactadas, ya que están muy alejadas de los salarios que debería percibir el personal facultativo, con una significación especial por el precio de la hora extra (22,51 euros brutos).
Impugnación
El nuevo convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), excepto en lo referente a las condiciones económicas que serán vigentes con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2021, y será válido hasta el 31 de diciembre de 2023.
De momento, pero, la autoridad laboral no ha validado el texto acordado y, por tanto, aún no se ha publicado en el DOGC, ya que una de las patronales excluidas de las negociaciones lo ha impugnado, con el argumento de que la composición de la parte empresarial de la mesa negociadora "no se ajustaba a la realidad pública y diversa del sector". A la espera de la resolución de la demanda judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha suspendido cautelarmente la tramitación del convenio.
