Metges de Catalunya (MC) reprocha al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASOST) que proponga un modelo de atención primaria "low cost" basado en la transferencia de competencias médicas a otros profesionales sanitarios y en la "obsesión de reducir el número de visitas a los centros sanitarios" sin valorar las consecuencias para la salud de la población.
El sindicato reprueba las propuestas para la racionalización de la utilización de la atención primaria que los asesores de sanidad del presidente de la Generalitat, Artur Mas, presentaron en junio de 2011 y que ahora se han hecho públicas en la web del departamento de Presidencia. La organización resume el planteamiento de los expertos en "dificultar la accesibilidad, fomentar la visita no presencial y alejar los servicios sanitarios de los usuarios cerrando dispositivos de urgencias y concentrando la atención pediátrica".
El CASOST, que dirige el expresidente del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), Miquel Vilardell, ha elaborado hasta trece informes, de los cuales sólo se han dado a conocer cuatro, en los que ofrecen algunas recetas para racionalizar la gasto y hacer más sostenible el sistema sanitario catalán. Entre el amplio abanico de medidas destacan las recomendaciones para profundizar en el copago de fármacos, revisar la cartera de servicios de cobertura pública y replantear las funciones de los profesionales sanitarios.
El papel y las competencias de los profesionales sanitarios son precisamente uno de los ejes principales del informe y motivo esencial de la crítica sindical. Los autores del informe proponen revisar las competencias de los profesionales que integran los equipos de atención primaria (EAP) para reorganizar la atención de la demanda aguda. Según esta idea, los médicos deberían incrementar la transferencia de tareas al personal de enfermería para que asuma más responsabilidades, sobre todo en el control de las patologías crónicas y las consultas de baja complejidad, y a su vez las enfermeras deberían ceder funciones a las auxiliares de enfermería. El traspaso de competencias llegaría incluso a los profesionales no sanitarios, que asumirían responsabilidades clínicas como la elaboración de informes o la solicitud de pruebas con la introducción de la llamada " consulta administrativa".
Para MC, la voluntad de reducir las competencias médicas "no es una novedad" pero confirma la estrategia denunciada por el sindicato de implantación de la "medicina sin médicos", un modelo de prestación que minimiza las funciones de los facultativos para justificar la reducción de las plantillas médicas. A juicio de la organización, no hay evidencias "homologables y concluyentes" que garanticen la seguridad clínica si los médicos pierden atribuciones, al contrario, "si los espacios de relación y contacto entre el médico y el paciente se reducen, también lo hará la calidad asistencial", avisa la organización. El sindicato médico considera que "no es casual" que el informe apunte en la dirección de hacer más residual el papel de los facultativos en el primer nivel teniendo en cuenta que entre sus autores "las enfermeras casi duplican a los médicos" (11 enfermeras y 6 médicos).
La relevancia del modelo de atención no presencial y el objetivo de reducción del número de visitas también son blanco de las críticas de MC que alerta de que la asistencia "presencial o no" es un acto médico que debe ofrecerse "con todas las garantías clínicas, jurídicas y profesionales". Para promover el buen uso del sistema, el CASOST recomienda no atender "al ciudadano que va a una dispositivo asistencial inadecuado", una medida que MC considera "muy desafortunada" y contraria al código de deontología profesional.
Sin embargo, el sindicato valora en positivo las propuestas de desburocratización y de eliminación de "programas de salud estériles que no han acreditado su eficacia clínica o preventiva y que restan recursos asistenciales necesarios para el sistema". Aquí se incluyen programas como el de salud en la escuela o de ola de calor que MC había cuestionado con anterioridad.
En aplicación
La organización califica como "paradoja" que el Govern promueva la constitución del Pacte Nacional de la Salut de Catalunya que debe establecer las bases para la sostenibilidad, la calidad y la igualdad del sistema sanitario público, mientras dispone "desde hace tres años" de informes que plantean un modelo "alejado del consenso político y social".
A pesar del carácter no vinculante de las propuestas, el sindicato teme que algunos de sus principios se estén aplicando "sin un debate profesional, social y político previo" en la reorganización territorial y en los cambios en el modelo de gestión que el departamento de Salut está impulsando en Girona, con el proyecto CIMS, en Lleida, con el nuevo ente gestor de los servicios sanitarios y en Barcelona con el proyecto asistencial del CAP Casernes. "Se está llevando a cabo una reforma sustancial de la atención primaria por la puerta trasera y sin la participación de los profesionales", denuncia.
