En menos de una semana, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha hecho públicos dos informes que revelan carencias del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a la hora de gestionar la asistencia sanitaria pública. Por un lado, el órgano de fiscalización ha evaluado el funcionamiento de las Urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV), perteneciente al Instituto Catalán de la Salud (ICS), y por otro, la prestación del servicio extrahospitalario para la atención a la insuficiencia renal en el año 2022.
En cuanto al servicio de urgencias leridano, el informe, el primero de una serie que evaluará la atención continuada de los ocho hospitales del ICS, ha detectado demoras excesivas (lejos de los registros estándar estatales e internacionales) y una tasa de readmisiones con ingreso superior a la esperada. Esto a pesar de que la Sindicatura no ha podido comparar los tiempos de espera registrados en la HUAVA con los del resto de hospitales "debido a la falta de homogeneidad en los registros del conjunto mínimo básico de datos de urgencias".
Además, a nivel económico, la financiación que recibe el HUAV para la actividad de urgencias es inferior al coste total del servicio. Asimismo, la planificación de recursos no se corresponde con la evaluación de necesidades y existen problemas de transparencia y rendición de cuentas. Estas conclusiones "constituyen un incumplimiento del derecho a una buena administración, atribuibles al CatSalut, al ICS y al Departamento de Salud", remacha el informe.
El análisis del servicio público de diálisis del ejercicio 2022 no sale mejor parado. La Sindicatura ha criticado tanto la distribución de centros en el territorio (un 10% de los pacientes viven a más de 20 km del centro más cercano) como la contratación de empresas externas que no está "suficientemente justificada" y se hace de forma arbitraria, no concurrente. Tampoco existe un estudio de costes que justifique las tarifas que el CatSalut paga a los centros extrahospitalarios, que son superiores a las que paga por el mismo servicio a un centro hospitalario.
“La contratación anual del servicio se ha realizado mediante prórrogas formalizadas fuera de plazo y provienen de contratos extinguidos previamente. La consecuencia jurídica es que las prestaciones no tienen amparo legal en ningún acto o negocio jurídico”, ha alertado el informe.
El CatSalut no ha evaluado la satisfacción de los usuarios y no ha controlado suficientemente la actividad contratada, en cantidad y calidad, de modo que "hay riesgo de facturación de servicios no prestados".
Detectar y corregir sus carencias
Metges de Catalunya (MC) pide al CatSalut que se tome "muy en serio" la evaluación y las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y no actúe "a la defensiva". El sindicato recuerda que la fiscalización interna es "imprescindible para la buena salud democrática" y, en este sentido, la Administración "tiene la obligación de detectar y corregir sus carencias y puntos de mejora".
Para el sindicato, estas auditorías reafirman la necesidad de que el CatSalut “refuerce su autoridad y control sobre los distintos proveedores del sistema sanitario, y la imprescindible transparencia de su gestión”.
