Indignación y mucho malestar en el seno de Metges de Catalunya (MC), tras conocerse la última decisión del Institut Català de la Salut (ICS) de denegar la condición de delegados de sección sindical de la organización a afiliados facultativos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) de Lleida, Girona y Barcelona, y obstaculizar así la capacidad que tiene el sindicato –reconocida en el Pacto sobre derechos sindicales en el ámbito de la Administración de la Generalitat de 2004– de nombrar a sus representantes en el territorio.
Para el secretario general de MC, Francesc Duch, esta maniobra es una muestra más de la "hostilidad de la dirección del ICS hacia el sindicato que no tiene precedentes históricos". Asegura que la decisión "contraviene" el pacto suscrito entre Administración y sindicatos, que establece que estas organizaciones tienen la potestad de designar a los miembros de sus secciones sindicales, siempre que sean afiliados suyos e independientemente de si son personal funcionario, estatutario o laboral.
Ante esta vulneración del acuerdo, Duch anuncia que, si no hay una rectificación inminente por parte del ICS, MC emprenderá acciones legales para defender el derecho de acción sindical y proteger a sus delegados proscritos, algunos los cuales se han pronunciado públicamente contra la creación del nuevo consorcio sanitario de Lleida y el proyecto de alianzas estratégicas CIMS, de Girona. "Quisiera pensar que esta circunstancia no ha tenido nada que ver en la decisión del ICS", afirma.
Esta no es la primera vez que el colectivo APD recibe los palos del ente público. Hace tres meses, estos facultativos quedaron excluidos del censo de trabajadores con derecho a voto en las elecciones sindicales del ICS. MC recurrió la exclusión a los tribunales y, de momento, los jueces le han dado la razón en el caso de la provincia de Tarragona. En las otras provincias (Girona, Lleida y Barcelona), el juicio aún no se ha celebrado.
Por otra parte, el proceso de estatutarización obligatorio de los APD también trajo cola. Si bien la problemática la desencadenó un decreto ley del gobierno español del año 2012, el tira y afloja con el ICS y con el propio Departament de Salut para desactivar la obligatoriedad de la integración en Catalunya fue constante. Finalmente, el sindicato logró su objetivo.
