Los médicos suspenden con un 2 la gestión de Boi Ruiz al frente del Departament de Salut en la legislatura que acaba de finalizar y que comprende el periodo 2012-2015. Según los resultados de la encuesta web de Metges de Catalunya (MC), la nota media del total de votaciones se sitúa en un 2, aunque la valoración mayoritaria ha sido el 0, nota que se ha llevado el 45% de los votos, a gran distancia de la siguiente puntuación, el 1, que acumula el 12,5%.
La política sanitaria de Boi Ruiz en su segundo mandato como consejero de Salut no llega al aprobado según los médicos. El 79% de los facultativos valoran entre 0 y 4 su gestión durante los últimos tres años, mientras que sólo un 21% lo aprueba.
La gestión de Ruiz al frente de la consejería con más presupuesto de la Generalitat de Catalunya ha mantenido la misma tónica de su anterior mandato (2010-2012) y ha estado marcada por los recortes presupuestarios, el cierre de servicios y recursos, las acusaciones de privatización del sistema sanitario, el planteamiento de polémicos proyectos de reordenación territorial (consorcio sanitario de Lleida, proyecto CIMS de Girona y los planes funcionales de Tarragona y Tierras del Ebro) y la profundización judicial de los presuntos casos de corrupción ligados a la sanidad que llevaron a la creación en 2013 de una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión en el ámbito sanitario y las relaciones entre el sector público sanitario y las empresas.
En cuanto a sus relaciones con los profesionales médicos, Boi Ruiz no ha atendido las reivindicaciones del colectivo de participación en la gestión para contribuir a que los ajustes no afecten a la calidad asistencial, ni tampoco ha dado ningún paso para constituir una mesa de negociación única para los facultativos que desemboque en un convenio médico.
Los facultativos, además, se sienten engañados por el incumplimiento de la promesa de resolución de la precariedad laboral por la vía del aplantillamiento que afecta a los médicos eventuales, y continúan en un estado de enojo por la pérdida salarial acumulada en los últimos cinco años (30% de media y en algunos casos superior) y por el hecho de ser los únicos profesionales del sector público a los que se les mantienen los recortes.
