Metges de Catalunya (MC) hace público su posicionamiento sobre el concepto "violencia obstétrica", cuyo uso se ha hecho extensivo en los medios de comunicación y en las campañas institucionales contra la violencia machista. El sindicato médico pide, por un lado, que no se utilice la violencia obstétrica de forma genérica porque "puede suponer una criminalización para el conjunto del colectivo sanitario y socavar la relación de confianza entre profesionales y pacientes". Por otra parte, MC rechaza la asimilación de la violencia obstétrica como parte de la violencia machista, ya que, según la definición que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), son conceptos "del todo diferentes".
Como punto de partida, MC "condena cualquier acto deliberado de mala praxis realizado por profesionales sanitarios que afecte a la calidad de la asistencia o atente contra la salud y la dignidad de los pacientes". Estas conductas, asegura la organización "no tienen cabida en nuestro código deontológico y tampoco deben tener nuestro cobijo".
Este tipo de prácticas son precisamente las que la OMS cataloga como violencia obstétrica, aquellas que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Por este motivo, MC considera que es necesario desligar los procedimientos negligentes y la mala praxis de determinados profesionales de las actuaciones derivadas de la violencia machista. En este sentido, el sindicato recuerda, además, que, de forma muy mayoritaria, el personal sanitario dedicado a labores obstétricas está conformado por mujeres.
En su posicionamiento, la organización recoge la preocupación de los facultativos por el hecho de que la popularización del término violencia obstétrica "cuestione genéricamente la necesaria relación de confianza entre los profesionales sanitarios, las personas gestantes y sus entornos familiares y personales". Según MC, "se ha extendido una asociación semántica que añade connotaciones de intencionalidad y de actuación dolosa por parte de los profesionales que debe erradicarse".
El sindicato reprocha a los poderes públicos que utilicen la violencia obstétrica "para camuflar los efectos de las carencias del sistema" y denuncia que la precariedad de la sanidad pública también deviene para los profesionales una forma de "violencia institucional".
Por último, MC se ofrece a colaborar con la Administración "para revisar los protocolos de atención al embarazo y al parto, con el objetivo de mejorar la experiencia asistencial y emocional de las personas gestantes", añadiendo como a condición de la "revisión sustancial de las condiciones de trabajo y los recursos materiales y humanos de los servicios de Ginecología, Obstetricia y Neonatología".
