Estocada definitiva -ahora sí- a uno de los conflictos que Metges de Catalunya (MC) tiene abiertos con las empresas sanitarias públicas y concertadas. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha resuelto un recurso de casación por unificación de doctrina presentado por el Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) y ha resuelto que el complemento salarial por incapacidad temporal (IT) debe incluir los importes percibidos en concepto de guardias. La entidad vallesana presentó el recurso después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbara una sentencia anterior del Juzgado de lo Social número 2 de Terrassa, favorable a la empresa.
Así, el alto tribunal ha confirmado la sentencia del TSJC que condena al CST a incluir la media de las guardias de presencia física y localización realizadas por la facultativa en el complemento que mejora la prestación por baja laboral hasta el 100% de las retribuciones fijas y periódicas que percibe una persona en situación de IT.
De esta forma, el Supremo fija el criterio a seguir y confirma que las guardias, como actividad laboral obligatoria para el personal facultativo, conllevan una remuneración fija y periódica que debe incluirse en el complemento de IT para evitar una reducción de las retribuciones habituales que perciben los trabajadores y trabajadoras.
Guardias y.… vacaciones
Con esta sentencia, el máximo órgano judicial español corrobora que la atención continuada, en tanto que obligatoria, forma parte de la nómina habitual de los facultativos y facultativas y, en consecuencia, debe incluirse en todos los pagos ordinarios. En este sentido, cabe recordar que el propio Tribunal Supremo sentenció en 2019 que en la retribución de los períodos de vacaciones también hay que añadir la media de las guardias trabajadas, el complemento de atención continuada y el complemento de sábado, domingos y festivos.
MC celebra esta nueva victoria judicial que permite a los profesionales médicos mantener el mismo nivel de ingresos durante todo el año, tal y como establecen las directivas laborales europeas. El sindicato espera que las empresas "dejen de poner palos en las ruedas" y acaten el criterio judicial, "ahorrando a las personas afectadas un recorrido judicial innecesario que sustrae recursos de los presupuestos sanitarios, que van a parar a gabinetes jurídicos en vez de a la actividad asistencial".
