Metges de Catalunya (MC) ha pedido a los colegios médicos catalanes que actúen contra la "asignación progresiva"de competencias médicas al personal de enfermería y que exijan al Departament de Salut el cumplimiento de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS) de 2003, que prevé "de manera controlada" los procesos asistenciales que un facultativo puede delegar a un enfermero.
En una carta dirigida a los presidentes de los colegios oficiales de médicos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, el sindicato advierte que la atribución de funciones médicas a enfermería "ha crecido hasta convertirse en una práctica habitual, promovida desde la propia Administración".
En este sentido, MC reclama a los colegios, "como garantes de la buena práctica de la medicina", que emplacen al Institut Català de la Salut (ICS) a dejar de incentivar y presionar al personal de enfermería "para que gestione la demanda médica, incluso motivando económicamente la resolución de casos sin consultar al médico".
Asimismo, el sindicato denuncia la "perversión" del programa informático e-CAP, que utilizan los profesionales de atención primaria del ICS para gestionar las historias clínicas electrónicas, ya que permite suplantar la identidad del médico y diagnosticar mediante un simple cuestionario, tramitar derivaciones a especialistas, solicitar pruebas complementarias y hacer prescripciones farmacológicas, sin que el facultativo haya autorizado la delegación de esta asistencia.
"Cualquier error en la gestión de estos procesos podría conllevar responsabilidades jurídicas imputables al médico que desconoce la asistencia efectuada en su nombre", subraya el sindicato en la misiva.
Sin embargo, MC puntualiza que "no se trata de cuestionar la labor de la enfermería, ni de negar la necesaria coordinación entre los diferentes profesionales sanitarios. Estamos convencidos de que las competencias de la enfermería tienen recorrido sin que éstas supongan una invasión del acto médico".
Con este objetivo, el sindicato considera "imprescindible" que la Administración desarrolle normativamente la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos de 2006 para dotar de mayores responsabilidades a enfermería, sin recurrir a la delegación de competencias que puede conllevar problemas jurídicos, tanto por al colectivo médico como enfermero, sobre todo si se hace contraviniendo la LOPS.
