Metges de Catalunya (MC) reclama al Govern de la Generalitat que intervenga el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) después de que el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el ejercicio económico del año 2017 haya detectado irregularidades e incidencias en la gestión de la entidad. El sindicato califica de "muy graves" las conclusiones del órgano de evaluación y pide a la Administración que fiscalice "hasta el último céntimo" el gasto de la asociación patronal, financiada en su práctica totalidad con recursos públicos.
En su informe, la Sindicatura presenta hasta 19 observaciones sobre la gestión del CSC y su grupo de empresas. Además, señala que algunas incidencias "pueden dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". Para empezar, el organismo cuestiona el carácter privado de la patronal, ya que su condición de entidad local pública, recogida en sus propios Estatutos, y el volumen de ingresos provenientes de la Administración, determina que el CSC debería estar adscrito a la Generalitat y regirse por el régimen jurídico de las entidades del sector público. En este sentido, la Sindicatura indica que la adscripción -tanto de la misma entidad como de sus empresas filiales- se debería haber llevado a cabo antes del año 2015, según la legislación vigente.
En cuanto a las anomalías detectadas, el abanico es amplio y transitan entre las irregularidades en los contratos suscritos por las entidades del grupo CSC; facturas por encima del coste presupuestado; préstamos concedidos y no devueltos entre las diferentes empresas; servicios a asociados con sobreprecio; contratación de personal con complementos retributivos no justificados; trabajadores que realizan actividad pública y privada de manera simultánea en diferentes sociedades de la patronal; indemnizaciones por despido a empleados que siguen trabajando en otras empresas del grupo, etc.
La Sindicatura también cuestiona la fórmula contractual recurrente del CSC. Dado el carácter público de la entidad, las contrataciones de servicios por parte de los asociados deberían hacerse de acuerdo con la normativa de contratación pública. Asimismo, dado el origen público del capital de la sociedad, la Sindicatura pone en duda la creación de las filiales internacionales del CSC, ya que "no van dirigidas a la satisfacción de necesidades públicas ni a la consecución del interés general del ámbito territorial de Catalunya".
Finalmente, la Sindicatura sitúa la lupa sobre los contratos de alta dirección de un mismo empleado del CSC con diferentes empresas del grupo, por los que percibe retribuciones y gastos no justificados. El órgano considera que este hecho vulnera la ley de incompatibilidades y no está amparado por la normativa de retribuciones de la Administración pública.
Para MC, todos estos motivos son "más que suficientes para que se enciendan las alarmas" y para que el Govern actúe de oficio ante una entidad que gestiona recursos provenientes del presupuesto de Salud de la Generalitat de Catalunya.
