La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha solicitado, a instancias de Metges de Catalunya (MC), que el Ministerio de Sanidad desactive el proceso de integración obligatoria de los facultativos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de cupo y zona, previsto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su defecto, permita a los dos colectivos seguir ejerciendo en las condiciones laborales actuales hasta su jubilación.
En una instancia dirigida a la ministra Ana Mato, la CESM pide que se derogue el proceso de integración, teniendo en cuenta, por una parte, que el real decreto ley "está sujeto a revisión por parte del Tribunal Constitucional" a raíz de los recursos de insconstitucionalidad que han planteado varias comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, y, por otra, que la mayoría de los profesionales afectados "están próximos a la edad de jubilación".
Además, argumenta que la integración del personal de cupo y zona puede suponer un incremento de los costes salariales, "en contra del propio objetivo del real decreto de racionalización del gasto".
Con relación a los médicos APD, la CESM señala que la nueva normativa deja en manos de las comunidades autónomas la resolución de los cuerpos nacionales, como el personal funcionario al servicio de las instituciones sanitarias públicas, "lo cual originará un fin diferente para los integrantes de un mismo cuerpo en los diferentes territorios del Estado, en función de cómo cada comunidad aplique el artículo 10 del real decreto".
MC ha liderado desde un principio la oposición al proceso de integración obligatoria de los facultativos APD y de cupo y zona y pidió a la Generalitat la creación de una mesa de negociación para intentar consensuar una salida "lo menos lesiva posible" para estos dos colectivos.
Igualmente, solicitó por escrito al conseller de Salut, Boi Ruiz, la puesta en marcha de las acciones "políticas, legales y administrativas" oportunas, a fin de que el gobierno español dejara sin efectos el proceso de integración.
