La derogación de los procesos de integración de los médicos APD y de cupo y zona, más cerca gracias a la perseverancia de MC

Las acciones sindicales y la perseverancia de Metges de Catalunya (MC) para intentar desactivar los procesos de integración forzosa al régimen estatutario de los facultativos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de cupo y zona, previstos en el Real Decreto 16/2012, podrían dar sus frutos, teniendo en cuenta los últimos movimientos de la Conselleria de Salut y del Ministerio de Sanidad que abren la puerta a la posibilidad de que estos colectivos puedan conservar su situación laboral hasta la jubilación.

Por una parte, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha confirmado, en una carta dirigida a MC, que su departamento "conciliará el respeto por la voluntad de la norma con la evolución natural de los colectivos afectados y atendiendo a las necesidades de servicio". Además recuerda que el Govern presentó a principios de este año un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto, ya que considera que la norma "vulnera el orden constitucional y estatutario de competencias de la Generalitat”.

Por otra, el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a interceder, desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), para que las comunidades autónomas resuelvan con "criterios de flexibilidad" el conflicto creado por el proceso de integración obligatoria de los facultativos ADP y de cupo y zona.

Así lo recoge el acuerdo (apartado IV.1) firmado el pasado 30 de julio, en el Palacio de la Moncloa, entre la ministra de Sanidad Ana Mato, y el Foro de la Profesión Médica, plataforma en la que está representada la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de la cual es miembro el sindicato.

Desde un principio, MC ha expresado su "indignación" por la decisión del gobierno español de integrar "por decreto" a los profesionales APD y de cupo y zona, y dejar sin efecto la voluntariedad de integración regulada hasta ahora por la Estatuto Marco.

La organización pidió al Govern que presionara el ejecutivo central para que derogara el proceso de integración obligatoria y, de esta manera, poder encontrar una salida digna al conflicto.