El trabajo incansable de Metges de Catalunya (MC) para intentar reconducir el conflicto creado por el gobierno español, a raíz de la publicación del decreto ley que obliga a los facultativos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) y de cupo y zona a integrarse en el régimen estatutario antes del 31 de diciembre, empieza a dar resultados.
El Departament de Salut acaba de sacar una orden por la que el proceso de integración de los APD como personal estatutario fijo del Institut Català de la Salut (ICS) pasa a ser voluntario y, en los próximos días, podría ocurrir lo mismo con el de los profesionales de cupo y zona.
Según el texto publicado este 20 de diciembre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), los facultativos APD que no se quieran integrar permanecen como "personal funcionario sanitario APD del cuerpo o escala en la que tengan esta condición, de acuerdo con el régimen jurídico y retributivo que les sea aplicable".
No obstante, la orden establece que estos funcionarios podrían ser adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan al ICS, cuando se articule un proceso de movilidad en el caso de que "haya plazas vacantes".
Una circunstancia poco factible, teniendo en cuenta los compromisos políticos provenientes tanto desde Catalunya como desde Madrid. Por una parte, el conseller de Salut, Boi Ruiz, remitía este verano una carta a los profesionales, en la que confirmaba que su departamento conciliaría "el respeto por la voluntad de la norma [con referencia al decreto ley] con la evolución natural de los colectivos afectados y atendiendo a las necesidades de servicio", y por otra, la ministra de Sanidad, Ana Mato, acordaba hace unos días con las comunidades autónomas resolver el conflicto con “criterios de flexibilidad”, para respetar los derechos consolidados de los dos colectivos y, de este modo, cumplir el pacto que firmó con el Foro de la Profesión Médica a finales de julio.
Así pues, ahora el sindicato espera que, una vez resuelta la situación de los médicos APD, el ICS haga lo mismo con los facultativos de cupo y zona, y publique, antes de fin de año, una resolución para este colectivo en los mismos términos.
Desde un primer momento, MC expresó su indignación por la iniciativa del gobierno español de integrar por decreto a los profesionales APD y de cupo y zona, y dejar sin efecto la voluntariedad regulada hasta entonces por el Estatuto Marco.
La organización pidió al Govern que presionara al ejecutivo central para que desactivara el proceso de integración obligatoria y trabajó conjuntamente con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), de la que es miembro fundador, para que se anulara la estatutarización forzosa.
