Los departamentos de Salud y de Igualdad y Feminismos del Govern presentaron este lunes, 18 de diciembre, el Plan para el abordaje de la violencia obstétrica y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, elaborado con profesionales y expertos del sector y dotado con siete millones de euros. El proyecto tiene una vigencia de seis años –hasta el 2028– e incluye más de una cincuentena de acciones que buscan “aumentar la sensibilización y la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, incrementar la formación y la capacitación profesional; y mejorar los servicios de atención y acompañamiento”.
El consejero de salud, Manel Balcells, manifestó en la rueda de prensa celebrada para presentar el plan que el término violencia obstétrica acostumbra a crear “recelo” en los profesionales porque “no quieren hacer daño a nadie, pero expresa cosas que pasan desde siempre” y eso “tenemos que cambiarlo”. Asimismo, expresó que este plan no se ha activado con el objetivo de señalar ni acusar a nadie, sino que se ha creado para “mejorar” y poner fin a unos “procedimientos no apropiados, rutinarios o no consensuados, como episiotomías sin consentimiento, inducciones de parto sin causa justificada, realización de cesáreas sin indicación clara, intervenciones dolorosas sin anestesia o la imposición de una posición específica para el parto”, entre otras.
Por su parte, los profesionales de la obstetricia y la ginecología han reaccionado a las palabras del consejero y a las opiniones compartidas por los medios de comunicación a raíz de la presentación del plan, ya que consideran que “pueden contribuir a desinformar la opinión pública y trasladar un mensaje que erosiona la confianza entre los profesionales de la salud y la ciudadanía”. La Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología (SCOG), que ha participado en la elaboración del plan y valora positivamente el trabajo realizado, lo ha manifestado así en un comunicado en el que sostiene que les “incomoda y duele” que se traslade la sensación de que actúan “de forma generalizada por motivaciones ajenas a proporcionar la mejor atención posible y sin respetar la voluntad de las mujeres”.
Los profesionales se forman para ofrecer siempre una atención “respetuosa y de acuerdo con la evidencia científica más actual”, pero las condiciones laborales del sistema público de salud a menudo lo dificultan. Toda la ciudadanía merece recibir una atención sanitaria óptima y un buen trato por parte del personal sanitario, respetando siempre sus decisiones, y para que eso sea posible se necesita disponer de las herramientas necesarias.
En este sentido, desde la SCOG y, también, Metges de Catalunya (MC) defendemos el “compromiso” de estos profesionales con la mejora de la salud de la mujer y nos mostramos “abiertos a hacer una revisión continua de nuestra actuación”, pues reconocemos los cambios culturales de la sociedad y las carencias inherentes a los déficits estructurales y a la falta de perspectiva de género en la práctica médica. Evidentemente “hay áreas de mejora”, pero eso “no quiere decir de ninguna manera que la violencia obstétrica sea frecuente o generalizada”.
