Metges de Catalunya (MC) expresa su "rotundo desacuerdo" con la decisión del gobierno español de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de universalización de la asistencia sanitaria catalana, aprobada en el Parlamento en junio de 2017, ya que considera que se trata de una "maniobra para dinamitar el principio básico de universalidad de la atención y la equidad de acceso a los servicios de salud públicos".
El sindicato reitera que el afán de querer instalar fronteras asistenciales en una sociedad inclusiva y globalizada es un "error", tanto desde un punto de vista ético como de salud pública. Por un lado, señala que se trata de un "menosprecio a la dignidad de las personas expulsadas del sistema sanitario y de una injusticia social que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la ley general de sanidad y de los principios que derivan tanto de la Constitución como del Estatut", y por otro, advierte que la exclusión sanitaria de los colectivos más vulnerables "puede tener graves repercusiones en la protección y prevención de la salud colectiva, en referencia al control epidemiológico de determinadas enfermedades”.
Por todos estos motivos, MC reafirma su defensa del derecho universal de acceso a la asistencia sanitaria y se compromete “a seguir denunciando cualquier actuación que recorte los derechos sanitarios de las personas y ampare una sociedad más injusta, más desigual y más enferma”.
Desafío
La aprobación de la ley de universalización de la asistencia sanitaria en el territorio catalán desafía el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) que aprobó el gobierno español en 2012 y que restringe la atención médica a los inmigrantes sin papeles. Entre otras medidas, establece que los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes en España" solo pueden recibir "asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente, y por embarazo, parto y postparto".
El recurso presentado por el ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional, que comportará con toda probabilidad la suspensión automática de la ley catalana, sostiene que el grueso de dicha norma contradice la regulación estatal. De hecho, el Alto Tribunal ha tumbado en los últimos meses leyes similares aprobadas en la Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura y Navarra que garantizaban la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares.
Desde un primer momento, el Govern se negó a aplicar el decreto ley y dictó dos instrucciones que aseguraban la atención a los sin papeles con un tiempo mínimo de empadronamiento. Con este sistema, la sanidad pública catalana dio asistencia a 137.000 personas que habían quedado excluidas con la normativa española, según datos del Departament de Salut.
Ahora, la nueva ley de universalización, que ha dejado sin efectos estas instrucciones, establece que todas las personas residentes en Catalunya –independientemente del tiempo que lleven empadronades– tienen derecho a la asistencia sanitaria pública. En el caso de las personas de colectivos vulnerables que tienen dificultades para acceder a la residencia, como los inmigrantes en situación irregular, la ley prevé establecer otros criterios de arraigo en su reglamento. Pero este, de momento, no se ha podido desplegar por los efectos de la aplicación en Catalunya del artículo 155 de la Constitución.
