Metges de Catalunya (MC) critica que el decreto 118/2014, aprobado por el Govern de la Generalitat el pasado 5 de agosto, sobre la contratación y prestación de servicios sanitarios por parte del Servei Català de la Salut (CatSalut) con los centros y establecimientos del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), supone un perjuicio para la red de atención primaria y para los hospitales comarcales porque establece un sistema de redistribución de recursos que asigna los presupuestos según la base de población y el índice de morbilidad (proporción de personas que padecen una enfermedad en un lugar y tiempo determinado), además de otros factores moduladores que pueden resultar "completamente arbitrarios".
A juicio del sindicato, este modelo supone que los centros de referencia con mayor problema de financiación se vean "favorecidos" por el trasvase de recursos, ya que no se contempla un incremento del gasto sanitario por habitante ni del presupuesto global de Salut sino que “tan solo se desnuda un santo para vestir a otro". Además, "estimula la competencia entre centros y entre niveles asistenciales por el presupuesto asignado".
La organización recrimina que el decreto no modifica la llamada "autocompra de servicios" que aplica el CatSalut contratando actividad sanitaria a las entidades que él mismo gestiona, y deja la puerta abierta a la participación "excepcional y por una duración limitada" de empresas privadas con ánimo de lucro en el sistema sanitario público, aunque explicita la preferencia por entidades que tengan carácter no lucrativo.
Integración
El nuevo modelo de contratación de la gestión de los servicios sanitarios públicos se fundamenta en la integración de los dispositivos del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de la red concertada que prestan asistencia en un mismo ámbito territorial. Este planteamiento organizativo, que ya se está llevando a cabo en Girona y que prevé extenderse en Lleida y en Tarragona, no se aprovecha, según MC, para "reducir estructura gerencial y de mando y unificar las empresas públicas y los consorcios en un único organismo público", sino que crea nuevos cargos y nuevas entidades "a cuenta del ya raquítico presupuesto sanitario".
Para MC, el decreto supone también una reforma en profundidad de la atención primaria que pierde los servicios de urgencias y pediatría y se ve afectada financieramente por el mecanismo de remuneración establecido en base poblacional y modulado por factores no detallados que implican un "riesgo de arbitrariedad" en la asignación de recursos. El sindicato lamenta una vez más que Salut aplique una reforma estructural "sin el debate y el consenso de los agentes sanitarios" y constata la voluntad política de hace "involucionar" el modelo sanitario para ajustarlo al presupuesto en vez de lo contrario, adaptar el presupuesto a las necesidades del modelo.
Con todo, el sindicato reconoce que el nuevo sistema presenta mejoras en aspectos de simplificación, estandarización y transparencia respecto a sistemas de contratación anteriores.
