La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha publicado esta semana un informe de fiscalización relativo a la contratación extraordinaria de personal por parte del Instituto Catalán de la Salud (ICS) derivada de la pandemia de la COVID-19 durante el ejercicio de 2020 que ha revelado diversas irregularidades, entre las que destacan unos nombramientos y prórrogas de contratos insuficientemente justificados que Metges de Catalunya (MC) denuncia.
Durante el primer año de la pandemia, el ICS formalizó 21.330 contratos para reforzar las plantillas sanitarias vinculadas a la atención sanitaria de personas afectadas por el SARS-CoV-2. El 3,16% de estos los sometió a la normativa extraordinaria aprobada para hacer frente a la crisis sanitaria, mientras que el 96,84% restante los consideró sometidos a la ordinaria.
Pese a las medidas excepcionales adoptadas por la situación de emergencia sanitaria, MC recuerda que la incorporación de profesionales siempre ha de cumplir los requisitos mínimos exigidos. No obstante, el informe de la Sindicatura muestra que, en algunos de estos contratos, la empresa pública no cumplió con los preceptos de acreditación de la especialidad ejercida, formación y avaluación previas, informes de idoneidad de los candidatos, vinculación, o plazos de contratación.
Estas conclusiones las ha extraído del análisis de una muestra estadística de 185 contratos de refuerzos vinculados a la pandemia del coronavirus formalizados el 2020 para 107 trabajadores, que han permitido a la Sindicatura detectar las siguientes irregularidades:
- Los nombramientos estatutarios de 14 sanitarios en situación de jubilación “no mencionaban la legislación que permitía regulaba aquella contratación excepcional”.
- El ICS hizo nombramientos estatutarios de especialidades deficitarias y, en nueve de los estudiados, “no cumplió los requisitos previos al nombramiento que se establecían”. Además, la empresa pública ha reconocido que en tres de estos casos no se acreditó la delegación de funciones.
- Los nombramientos de interinos por exceso o acumulación de tareas formalizados con 74 profesionales superaron el límite de seis meses sin especificar la causa, o haciéndola constar de forma “muy genérica”.
- Además, 17 de estos correspondían a profesionales de estados no miembros de la Unión Europea, con los cuales la empresa pública tendría que haber formalizado contratos laborales. En cambio, incluyó al personal extracomunitario en el circuito de la bolsa de trabajo, a pesar de que según la normativa no le era de aplicación.
- En ocho nombramientos de una muestra de 10, falta la autorización previa para realizar servicios extraordinarios, no se aportaron controles efectivos del cumplimiento de la jornada y el horario, o no se indicaron las franjas horarias realizadas.
Teniendo en cuenta estos datos, MC denuncia las irregularidades detectadas, así como las incidencias en la gestión de los circuitos de control y autorización de jornadas de atención continuada y servicios extraordinarios, y retrae al ICS su falta de transparencia en este ámbito.
Asimismo, el sindicato médico considera “inadmisible” que la empresa pública haya cometido errores tan graves como contratar personal facultativo sin acreditar la delegación de funciones, pues la normativa deja clara la necesidad de certificar que el profesional [no especialista] que hay que nombrar dispone de los conocimientos suficientes para ejercer las funciones que le puedan ser delegadas.
