Metges de Catalunya (MC) reprueba la actuación de algunas empresas sanitarias que están recurriendo a los tribunales de justicia para evitar dar publicidad de los sueldos de sus cargos directivos, después de que el sindicato haya presentado a través del Portal de Transparencia de la Generalitat más de 100 solicitudes de información relativa a las retribuciones percibidas por el personal directivo de las entidades del sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (SISC), con al menos el 25% de sus ingresos provenientes de los presupuestos públicos.
El sindicato considera una "equivocación" el intento de estas empresas de obstruir el acceso a la información pública, dado que va en contra del espíritu de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que reconoce este derecho a todas las personas, ya sea a título individual o en nombre y representación de cualquier persona jurídica.
Según MC, no se trata de curiosear o hacer un escarnio público, sino que la intención es elaborar un "estudio serio y riguroso" sobre cómo gestionan estas entidades el dinero público que reciben del Servei Català de la Salut (CatSalut), tal como explica a Crónica Global el presidente del Sector de Hospitales de Agudos, Centros Sociosanitarios y de Salud Mental con convenio Siscat, Xavier Lleonart.
"Queremos que la gestión de los centros sea lo más clara posible –añade– y para ello estamos dispuestos a ir más allá, si conviene". La organización reitera que, ante la insuficiencia presupuestaria que sufren las cuentas sanitarias, es indispensable fiscalizar el uso de los recursos públicos que hacen las empresas públicas y privadas financiadas mayoritariamente gracias a la Administración, poniendo especial énfasis en aquellas que manifiestan, directa o indirectamente, su oposición a facilitar los datos requeridos.
La lucha de MC por la defensa de la transparencia ha llegado hasta la Conselleria de Salut, que ha decidido que, a partir del año 2017, los contratos suscritos por el CatSalut con entidades proveedoras incorporarán una cláusula de transparencia que obligará a las empresas contratadas a poner en conocimiento de la Administración las retribuciones de sus directivos.
