Metges de Catalunya (MC) instará a la Generalitat a crear una mesa de negociación específica para intentar consensuar una solución “el menos lesiva posible” para los facultativos de cupo y zona y de Asistencia Pública Domiciliaria (APD), afectados por el decreto ley del gobierno español que obliga a estos profesionales a estatutaritzarse.
Esta es una de las medidas que ha acordado la asamblea de afiliados del Sector Funcionarios-Cupo y Zona de MC, celebrada este martes en Barcelona, para intentar blindar los derechos consolidados de estos facultativos, ante el proceso de integración obligatoria de los médicos de cupo y la desaparición del cuerpo APD impulsado por el ejecutivo central.
La asamblea también ha decidido solicitar la ampara al Defensor del Pueblo para que formule un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley, por vulneración de los derechos fundamentales y de la seguridad jurídica de los afectados, sin prejuicio de las acciones legales que pueda interponer la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
Tanto el presidente como el secretario del Sector Funcionarios-Cupo y Zona del sindicato, Julio Garzo y Antoni Duran, respectivamente, han reclamado durante la asamblea la unidad de los dos colectivos para hacer frente a la agresión que supone el decreto ley y que afecta más de un millar de profesionales en Catalunya.
Garzo ha criticado con dureza la “precipitación” y la “nula reflexión” del gobierno español en publicar por la vía de urgencia “un decreto lleno de taras”, en referencia a las 73 correcciones de errores que ha tenido que hacer el Ministerio de Sanidad sobre el texto inicial.
Por su parte, Duran ha señalado que la vía de la reclamación contenciosa-administrativa es “casi inútil”, ya que se debería esperar más de cinco años la resolución de los tribunales, momento en el que la mayoría de los facultativos afectados por el decreto se habría jubilado.
El vicepresidente de MC, Francesc Duch, ha calificado la lucha de “David contra Goliat”, pero a pesar de todo ha alentado a los médicos de cupo y de APD a defender sus derechos, ante lo que consideró un "maltrato sin precedentes" en la Función Pública.
Además, ha reclamado a la Generalitat que actúe con la "máxima" firmeza para proteger a sus trabajadores públicos y advirtió que sería un "contrasentido" que el Govern desplegara la normativa para poder aplicar el decreto ley en Catalunya, sin conocer previamente el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.
El ejecutivo catalán acordó la semana anterior solicitar a esta institución el preceptivo informe previo a la interposición de un posible recurso de inconstitucionalidad, en relación con diversos artículos y disposiciones de este decreto español de salud.
